30 de agosto de 2016

El uso de las redes sociales en un modelo de Gobierno Abierto.

Por Oscar Flores Flores

En enero de 2009, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto¸ documento que fungió como referente para que distintas administraciones públicas alrededor del mundo hayan puesto en marcha iniciativas de gobierno abierto que permitieran redefinir las relaciones con los ciudadanos. 

En este contexto, el Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de la Información de la Universidad Externado de Colombia desarrolló la Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Abierto, faro de las propuestas que se vertirán a lo largo de este documento.

En un primer momento, el gobierno abierto se entendía como el conjunto de medidas relacionadas con una mayor libertad de información y de acceso a las actividades del gobierno, cuyo objetivo principal objetivo era reducir la opacidad. (Gascó, 2014; p. 13) No obstante, esta definición ha evolucionado con el tiempo hasta definirlo como la capacidad que los ciudadanos tienen en una democracia a fin de sostener un gobierno plenamente responsable por sus acciones. Dicha acepción “se vincula intrínsecamente con la evolución de las tecnologías de la información y el conocimiento (en adelante TICs) en el sector público y, por ende, con los conceptos de administración y gobierno electrónico.” (Jiménez, 2013)

Las transformaciones sufridas por la administración pública muestran un proceso evolutivo que la Guía de buenas prácticas en gobierno abierto divide en tres momentos, que describiremos a continuación:

Tipo de organización
Fase de modernización
Papel de las TIC
Burocrática
Inicial. El objetivo es ganar en eficacia y eficiencia.
En la automatización de flujos de trabajo y reorganización de procesos internos.
Profesional
Avanzada. Ya se ha adoptado el enfoque de la gestión pública (énfasis en la eficiencia pero, también, en servir al ciudadano)
Sin olvidar lo anterior, las TIC facilitan la interacción con los ciudadanos a través de portales y páginas web.
Relacional
Finalizando el proceso. Se ha adoptado el paradigma de la gobernanza (el ciudadano no es sólo un cliente sino que participa en los procesos de gobernabilidad)
Clave en relación a la transparencia y la accountability, por un lado, y con respecto a la colaboración interinstitucional, por el otro.
 Fuente: Gascó (2013)

Pero, ¿Cómo transitar hacia un modelo Relacional del uso de las TICs - específicamente de las redes sociales?

La comunicación gubernamental en primer lugar, tendría que estar orientada por los principios de Gobierno Abierto, es decir, por la transparencia, la participación y la colaboración. Las administraciones que han transitado del enfoque de gestión pública hacia el gobierno abierto, observan la eficiencia desde una perspectiva bidimensional, en la que ya no sólo son tomados en cuenta los procesos internos, sino también la interacción con los ciudadanos, por lo que se encuentran orientadas a la consecución de resultados, a la innovación y la mejora continua (Gascó, 2013).

Un gobierno abierto “es aquel que entabla una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que se tomen decisiones basadas en sus necesidades y preferencias, que facilite la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y comunica, todo lo que decide y lo hace de forma abierta y transparente” (Calderón y Lorenzo, 2010: 11) Por ello, es preciso crear un alto nivel de apertura a través de las TICs que fortalezca al sistema de transparencia, que fomente la participación y que incentive la confianza pública en esa institución.

        El rol de las redes sociales en el gobierno abierto.

La tecnología ha multiplicado, con alcances inéditos, las formas, instancias y mecanismos a través de los cuales se materializan sus interacciones virtuales. La presencia de las redes sociales en gobierno es un fenómeno reciente y multidisciplinario, que ha tenido una rápida difusión. Se caracterizan por su inmediatez, ubicuidad y disponibilidad, elementos que las hacen muy útiles al momento de difundir información (Landau, 2011).

Las potencialidades de las redes sociales se derivan, entre otros aspectos de:
  • Las nuevas capacidades disponibles de búsqueda de recursos de información y conocimiento.
  • Las oportunidades para enlazar, que permiten desarrollar redes sociales complejas y valiosas,
  • Las posibilidades para publicar, que facilitan intercambiar opiniones, experiencias y conocimientos; y
  • El desarrollo del mercado de información, que ayuda a las personas a organizar y conectar la información para que en efecto sea compartida, haciendo que se extienda el conocimiento de una manera más efectiva dentro de un ámbito concreto.
k   Las oportunidades de diseminación de información se multiplican con el uso de las redes sociales digitales, en gran parte por las funciones de señalización y filtrado colaborativo que realizan los propios usuarios (como los hashtag, etiquetas, keywords). Mergel apunta que existen tres estrategias con relación al uso de las redes sociales que a continuación explicamos:
  • Estrategia de representación: Es una forma razonada de comunicación que implica que el gobierno debe estar presente o representado en cualquier canal que suponga la interacción con terceros. Es decir, la institución tiene la responsabilidad de cooptar un público cada vez más grande y diverso, y buscarlo en donde quiera que se encuentre.
  • Estrategia de implicación: Supone que los gobiernos y administraciones públicas se han dado cuenta de que su audiencia prefiere interactuar con ellos utilizando un estilo de conversación natural e informal en vez de leyendo informes gubernamentales o informes oficiales. Esta estrategia utiliza las redes sociales para favorecer las interacciones bidireccionales.
  • Estrategia en red: Se focaliza en escuchar al ciudadano. Esta manera de actuar permite a las instituciones ‘absorber’ los comentarios, obtener perspectivas valiosas sobre sus sentimientos acerca de las cuestiones que les preocupan. Asimismo, se trata de una estrategia altamente interactiva y bidireccional que también comprende permitir a los usuarios la utilización del conocimiento de la administración y, por lo tanto, del contenido de sus mensajes.
Las redes sociales no hacen necesariamente más transparente a la organización que las utiliza, porque “transparencia significa empoderar al ciudadano con información para que pueda comprender, apreciar y confiar en que los gobiernos harán lo que está bien para la comunidad. Por tanto, el mero uso de estas herramientas no tiene por qué resultar en más transparencia y, por ende, en más apertura” (Picazo-Vela et. al., 2012)

En ese sentido, el objetivo principal de esta nueva etapa del uso de las redes sociales en un modelo de gobierno abierto, deberá ser empoderar al ciudadano, a través de la proporción de datos abiertos que cumplan con las características de estar completos, ser accesibles y ser proporcionados a tiempo, acompañados del suministro de recursos suficientes para facilitar a la ciudadanía la comprensión de dichos datos. 

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Bibliografía:

1) Gascó, M. (2014). Open government. Opportunities and challenges for public governance. Nueva York: Springer.

2) Jiménez, C. E. (2013). “Gobierno abierto y back office: reflexiones para su implementación”, en Boletín institucional e-Governa. Lima: Governa.

3) Gascó, M. (2013). “No es oro todo lo que reluce. ¿Qué hay detrás de las promesas de gobierno abierto en Iberoamé- rica?”. Ponencia presentada en el xviii Congreso Internacional del clad sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Montevideo, 29 de octubre-1 de noviembre.

4) Calderón, C. y Lorenzo, S. (2010). Open government – gobierno abierto. Alcalá La Real: Algón Editores.

5) Landau, D. (2011). How social media is changing crisis communication: A historical analysis. Tesis de maestría sin publicar. Madison, NJ: Fairleigh Dickison University.

6) Mergel, I. “Social media adoption and resulting tactics in the us federal government”, en Government Information Quarterly, 20(2): 123-130.

7) Picazo-Vela, S.; Gutiérrez-Martínez, I. y Luna-reyes, L. F. (2012). “Understanding risks, benefits, and strategic alternatives of social media applications in the public sector”, en Government Information Quarterly, 29(4): 504-511.







23 de agosto de 2016

Vatileaks: una batalla por la transparencia y la libertad de expresión

Por Manuel Bazán Cruz



Si la Iglesia aspira a una transparencia real y transformarse en una caja de cristal, no debe tener miedo del buen periodismo. 
-Emiliano Fittipaldi, L’Espresso-

       
 Los periodistas constituyen uno de los actores fundamentales para hacer efectivo el derecho de los individuos a la información, por lo que deben realizar arduas tareas de investigación para cumplir con el principio de veracidad y con los códigos deontológicos que rigen su profesión (ética periodística).

Hoy en día, en países democráticos, los periodistas hacen uso de la transparencia y de los mecanismos de acceso a la información para escudriñar en los documentos públicos información referente a temas con impacto social. En México facilita esa labor, el reconocimiento constitucional del principio de transparencia y del derecho humano de acceso a la información, así como la configuración de un andamiaje normativo e institucional.

Si no existieran los mecanismos en comento, como en otras épocas, habría que acceder a la información de manera clandestina, el trabajo de los periodistas sería potencialmente complejo y estarían sujetos –más que en este tiempo- a vejaciones por parte del Estado, tal y como ocurría en el porfiriato, cuando los hermanos Flores Magón escribían en “Regeneración” o en “El hijo del Ahuizote”, donde el común denominador era la secrecía del Estado y la violencia en contra de quien escribía “subversivamente”.        
Quizá en nuestro país el panorama ha ido cambiado, pero en otras latitudes la libertad de expresión y la transparencia apenas se encuentran librando pequeñas batallas. En esos conflictos, los periodistas combaten para lograr hazañas, las cuales se quedarán en la historia y seguramente modificarán el pensamiento social (por lo menos es lo que se espera).

Una de esas batallas aconteció recientemente en el Vaticano, donde si bien es cierto que no constituye una democracia, también lo es que sus acciones trascienden fronteras, pues lo que ocurre ahí, interesa a los feligreses de todo el mundo, los cuales con sus aportaciones económicas, sostienen en gran medida al aparato eclesiástico. Es por ello que la transparencia y la libertad de expresión tienen que estar presentes en la Santa Sede, pues con la primera se fortalecería la confianza en la iglesia como institución, y con la segunda, sería posible informar y comunicar hechos relevantes que deben emerger de la opaca profundidad.    

Da cuenta de lo anterior, el denominado caso Vatileaks, el cual se explica en los siguientes puntos extraídos del periódico italiano L’Espresso[1]:

    1.   Un Vaticano de 10 millones. La Gendarmería del Vaticano abre por primera vez en su historia una investigación sobre la fuga de información reservada, en la cual se encuentran involucrados dos servidores de la Santa Sede (18 de julio de 2014).
    2.    Robo de documentos en el vaticano: dos detenidos. Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, Secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos y de la Comisión de Estudio de la actividad Económica y Administrativa del Vaticano y Francesca Immacolata Chaouqui integrante de ésta última Comisión, fueron arrestados en la Santa Sede por la extracción de documentos reservados del Vaticano, los cuales fueron publicados en los libros “Via Crucis” de Gianluigi Nuzzi y “Avaricia” de Emiliano Fittipaldi (2 de noviembre de 2015).
    3.    Departamentos, millones y lujos: el secreto del Vaticano en ‘Avaricia’ de Emiliano Fittipaldi. El Papa Francisco debe saber que la Fundación del Niño Jesús, creada para recolectar donativos para niños enfermos, pagó parte de los trabajos para la construcción de la nueva casa del Cardenal Tarcisio Bertone  (3 de noviembre de 2015).
    4.    Así nació el libro sobre el Vaticano. Sin revelar sus fuentes de información, Emiliano Fittipaldi describe la comunicación que sostuvo con personajes de la Santa Sede sobre los actos de corrupción que acontecen en su interior y de cómo realizó una investigación sobre la veracidad de los documentos que le fueron entregados y que a juicio del Vaticano están reservados (6 de noviembre de 2015).
    5.    Vatileaks, Radio Maria: “Esos periodistas para colgar”. En su programa de radio, el director de radio María Livio Fanzaga atacó violentamente a los periodistas Emiliano Fittipaldi y Gianluigi Nuzzi, autores de los libros sobre los actos de corrupción en el Vaticano, definiéndolos como estiércol de vaca  (6 de noviembre de 2015).
    6.    Vaticano: investiga al periodista Emiliano Fittipaldi. Las autoridades de la Santa Sede inician una investigación en contra de los periodistas Emiliano Fittipaldi y Gianluigi Nuzzi por la fuga de documentos reservados y publicados en los libros “Avaricia” y “Via Crucis” (11 de noviembre de 2015).
     7.    Vatileaks 2, Fittipaldi: “Para la justicia del Vaticano podría pagar una pena de 4 a 8 años de cárcel”. Emiliano Fittipaldi fue convocado por la justicia de la Santa Sede. A las preguntas del Magistrado correspondiente, el periodista alegó el secreto profesional (17 de noviembre de 2015).
    8.    El Vaticano procesa a los periodistas Fittipaldi e Nuzzi y a tres presuntas fuentes internas. Los Magistrados de la Santa Sede concluyeron las investigaciones preliminares, decidiendo enviar a proceso a Emiliano Fittipaldi,  Gianluigi Nuzzi, Lucio Vallejo Balda, Francesca Immacolata Chaouqui y Nicola Maio, los primeros, por haber divulgado noticias reservadas, y los tres últimos por la fuga de dicha información. El Código Penal del Vaticano, considera tales acciones como graves, como un delito contra la patria (24 de noviembre de 2015).
   9.    Vatileaks, Papa Francisco mete un autogol. Investigar a los periodistas Fittipaldi y Nuzzi contravienen la voluntad de Transparencia que proclamó el Papa Francisco (7 de diciembre de 2015).
    10. Vatileaks, el cardenal Bertone restituyó 150 mil euros al “Niño Jesús”. La acción del cardenal, es una excelente noticia para el periodismo, pues la investigación documentada en el libro “Avaricia” está rindiendo frutos. (19 de diciembre de 2015).
   11. Vatileaks, Monseñor Becciu: “Los periodistas tienen el derecho de publicar noticias”. El Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, en una entrevista de radio señaló que Nuzzi y Fittipaldi, tienen el derecho de publicar las noticias que reciben, el problema estriba en clarificar el modo en que recibieron la información  (28 de diciembre de 2015).
   12. Vaticano abre una investigación sobre el ático de Bertone. L’Espresso muestra las cartas que lo documentan.  Los jueces del papa Francisco iniciaron una investigación sobre el manager Profiti y el Tesorero del Niño Jesús por los 400 mil euros destinados para restaurar el departamento del cardenal Bertone (31 de marzo de 2016).
  13. Vatileaks, condena para cuatro acusados y la absolución para Fittipaldi.  No se encontraron pruebas en contra del autor de “Avaricia” por lo que las autoridades del Vaticano lo podrían absolver. Sin embargo, Nuzzi podría ser condenado a un año de prisión, Lucio Ángel Vallejo Balda a tres años un mes, Francesca Immacolata Chaouqui a tres años nueve meses, Nicola Maio a un año y un mes por el delito de asociación delictiva y difusión de documentos reservados  (4 de julio de 2016).
   14. Vatileaks, absolvió a los periodistas. Fittipaldi: "Se termina este proceso kafkiano". Después de más de cinco horas de deliberación, el panel de jueces del tribunal del Vaticano, dictó el veredicto: el enviado de "L'Espresso" Emiliano Fittipaldi y el periodista Gianluigi Nuzzi absueltos por falta de jurisdicción, el prelado Vallejo Balda condenado a dieciocho meses, Francesca Inmaculada Chaouqi a diez meses (sentencia suspendida), se absuelve a Nicola Maio, el asistente de Balda (7 de julio de 2016).
   15. Vatileaks, una victoria del periodismo. Fittipaldi: “Ayer por la noche los jueces del Papa Francisco no sólo beneficiaron la prensa libre. Hicieron pedazos a quienes nos consideraban culpables (moralmente) por la difusión de noticias a través de un "impulso psicológico" que con su "presencia y disponibilidad ayudaron a fortalecer la conexión de la revelación de noticias" de dos funcionarios del Vaticano, Monseñor Balda y Francesca Inmaculada Chaouqui. (8 de julio de 2016).

El Vatileaks permite corroborar que en los lugares donde existe absoluta secrecía y en cuya ecuación figuran grandes cantidades de dinero, es más proclive a que se materialicen actos de corrupción, por lo que la apertura de puertas y ventanas dejan al descubierto las acciones de los servidores de las instituciones, para que en el caso de ser deshonestas, se puedan combatir y prevenir.

La transparencia debe estar en todos aquellos sitios en donde la sociedad participa y guarda confianza absoluta, es por ello que los periodistas que descubrieron el desvío de fondos en las cuentas de la Santa Sede, no están logrando un trabajo periodístico para un beneficio profesional y egocéntrico, sino que están haciendo efectivo el derecho de los seres humanos a la información, con la finalidad de que creen su opinión y puedan expresarla libremente.

Asimismo, los adeptos de la religión católica al conocer lo que está ocurriendo en la institución a la cual le han prometido fidelidad, estarán conscientes de la necesidad de exigir mayor participación en los asuntos terrenales, pues si bien es cierto que la religión es una cuestión de fe, las cuentas públicas no corren la misma suerte, por lo que será mejor observar lo que se hace con ellas y exigir el castigo de las leyes para quienes abusen de su poder.

Lo ocurrido en el Vaticano, más que un ataque contra la iglesia o contra el Estado Pontificio, constituye un ejemplo, que no solo deben observar  los católicos en cada una de sus arquidiócesis o en la Santa Sede, sino por todos aquellos que forman parte de otras instituciones religiosas o agrupaciones civiles que se hallan dotadas de la confianza social, por lo que deben ser transparentes y permitir la vigilancia de sus agremiados. Mientras eso ocurre, el trabajo de los periodistas cobra absoluta relevancia.   

Referencias
L’Espresso, recuperado de: http://espresso.repubblica.it/








[1] El título de los artículos periodísticos, así como el resumen de los mismos, constituyen una traducción libre del autor. 

3 de agosto de 2016

El fin es ¿el que se lleva a los medios?

Por Magdalena Yáñez Vega.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI tiene dentro de sus funciones tres de mayor relevancia: El promover la cultura de la transparencia, el fungir como órgano garante en el procedimiento de acceso a la información y proteger el uso y destino de los datos personales.

En un primer momento, se fundó la necesidad de crear este órgano con la intención sencilla de que se promoviera esa cultura de transparencia en los ciudadanos, con la finalidad de que los ciudadanos conocieran los beneficios de presentar una solicitud de información a los sujetos obligados. Sin embargo, cuando este INAI era IFAI; es decir una institución del poder ejecutivo a nivel federal, por su naturaleza jurídica de órgano descentralizado no sectorizado[1], tenía una visión completamente nueva que había revolucionado el Derecho Administrativo Mexicano: existía una posibilidad de que un particular cuestionara el actuar de una autoridad y eso, la ciudadanía tenía que conocerlo.

Sin embargo cuando este IFAI se constituye en un ente autónomo, la distancia entre ese objetivo y uno nuevo resulta abismal. Ya no se requiere que el nuevo órgano garante con nuevas facultades, siga pretendiendo que la promoción de la cultura de la transparencia tenga que enmarcarse únicamente hacia el lado ciudadano, ahora resulta indispensable que el INAI marque una pauta y de lleno comience a trabajar con las autoridades. Más aún cuando el catálogo de sujetos obligados, con la reforma constitucional en materia de transparencia que sucedió en el año 2014, cambió vertiginosamente pues ahora los ciudadanos no sólo le pueden solicitar información al Poder Ejecutivo, también al Poder Legislativo, al Poder Judicial así como a los entes autónomos e inclusive a las personas físicas y morales que reciben recursos públicos, pasando por fideicomisos y sindicatos. Ello requiere una fuerza motriz que pudiera hacer que estas autoridades conozcan el procedimiento con la finalidad de lograr una comunicación eficiente entre el ciudadano y la autoridad.

A mi parecer el objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el 2002[2] era muy clara: generar un vínculo que permitiera al ciudadano, que ya se sentía alejado de la toma de decisiones de su gobierno y resultaba indispensable que conociera las entrañas de las autoridades con la finalidad de tomar un rol participativo y lograr que ambas partes se acercaran para comenzar a formar una agenda pública.

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en este año[3] pareciera que ese objetivo está cada vez más zanjado. Las autoridades o sujetos obligados se han convertido en el centro de posibles sanciones si es que no cumplen a cabalidad con el procedimiento de acceso a la información, lo cual pareciera en un primer momento tener todo el sentido, pues a lo largo de catorce años se ha conocido este procedimento, sin embargo recordemos que no todos los sujetos obligados han sido partícipes de la evolución del derecho de acceso a la información, por el contrario, su avance normativo ha sido cuestionado y en el caso de algunos estados de la república hasta dispar, como muy bien nos lo ha explicado nuestro colega Manuel Bazán Cruz[4]. Ello abona al posible retroceso que se pudiera provocar al no enfocar esfuerzos a estos nuevos sujetos obligados y ello ocasionaría que los logros del Poder Ejecutivo se vieran mermados por los fallidos intentos de los otros sujetos obligados por alcanzarlos.

Si a esto le agregamos el rol que ha jugado últimamente el INAI con las autoridades incluso en mayor medida con el Poder Ejecutivo, tendremos como resultado que el avance del derecho de acceso a la información se asimile al de caminar sobre una capa fina de hielo en un gran estanque.

El problema que refleja el hecho de que el INAI constantemente haga evidente lo “mal” que están actuando las autoridades y por ende lo “bien” que está comportándose el Instituto al ser un órgano garante es que pareciera más una cacería de brujas que un trazo en el camino por lograr que la sociedad y los sujetos obligados se comuniquen y entonces provoque que en lugar de que el Instituto sea un agente conciliador, el procedimiento de acceso a la información se vea justamente de lo que nos queríamos distanciar: como una carga.

¿Para qué busco la información que me requiere el particular?, si de todas formas el INAI me va a modificar la respuesta para volver a buscar. Mejor lo hago hasta que él me diga exactamente dónde buscar y se culmine el proceso.

Ese es el pensamiento que pareciera imperar hoy en día: una batalla contra la decisión del INAI de ser inquisitivo en lugar de ser conciliador.

Para muestra, basta un botón:
  • INAI obliga a SEMARNAT a informar sobre impacto ambiental de proyecto turístico en Los Cabos.[5]

Una persona solicitó una serie de documentos relativos al proyecto de infraestructura turística “Garza Blanca, Los Cabos”; en respuesta, la dependencia respondió que la información quedaría reservada por 2 años.
Por lo tanto, se le ordenó a la SEMARNAT dar a conocer el oficio SEMARNATBCS.02.01.IA.569/15 de fecha 12 de octubre de 2015, consistente en el resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por su Delegación en Baja California Sur para dicho proyecto en Los Cabos.

Bajo este análisis, el derecho de acceso a la información no ha visto una luz como lo infiere el título de la nota periodística, pues sólo se le está instruyendo a la autoridad a entregar un oficio que podría encontrarse públicamente puesto que al ser el resolutivo de un procedimiento sobre materia ambiental, el Poder Judicial de la Federación pudo haber ofrecido muchos más datos incluso públicos.

  •  El INAI obliga a la SEDENA a entregar sus comunicaciones con EU sobre el caso Iguala.[6]

El organismo consideró que la SEDENA aún no ha realizado una “búsqueda exhaustiva” sobre minutas, reuniones, documentos e imágenes relacionadas con la desaparición de los normalistas. En un comunicado, el INAI consideró que “la SEDENA no realizó una búsqueda exhaustiva de minutas de acuerdos, reuniones, documentos de trabajo, informes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos, imágenes y videos relacionados con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la muerte de seis personas, hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, como lo solicitó un particular”.

Este es el caso que se había comentado con anterioridad: la autoridad no encuentra un aliento del INAI tras haber realizado la búsqueda, puesto que su argumento principal únicamente se basa en “no creer” que la dependencia no hizo una buena búsqueda, sin mayor consideración. Quien sale perdiendo entonces es el ciudadano, pero más aún, el avance en el derecho de acceso a la información puesto que tras una resolución de más de un ciento de fojas, lo cierto es que muy probablemente la SEDENA hubo contestado que tras realizar la búsqueda dónde señaló el INAI, no hay más datos que entregar; en lugar, quizá, de dar una motivación convincente del por qué no hay más información por entregar.

  • Pide INAI a SEMARNAT informar sobre arrecifes de Los Tuxtlas[7]

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la SEMARNAT que informe si se trabaja para declarar como área natural protegida los arrecifes de coral “Los Tuxtlas”, en Veracruz. En caso de que sea así, la dependencia federal deberá indicar el estatus que guarda el procedimiento de declaratoria de área natural protegida y proporcionar los documentos, estudios, análisis u otra información que haya servido de sustento.

Este caso pareciera enfocarse en una facultad de un sujeto obligado: diga si hace o no hace. O como dirían los abogados: diga si es cierto como lo es. Sin embargo, no hay una verdadera garantía al particular de recibir información, pues se basa en una disyuntiva que el sujeto obligado puede o no puede hacer, lo cual no genera certidumbre jurídica en una resolución. Ni para el ciudadano ni para la SEMARNAT, quien ante un caso similar, volvería a contestar lo mismo que en este caso.

Podríamos entonces, con este breve puñado de ejemplos, destacar que la labor dentro de los principales parámetros del acceso a la información, por lo que corresponde al INAI, se queda corto con las autoridades y eso merma de cierta forma la dinámica propia de la transparencia.

No se trata de que conozcamos la labor del INAI a través de los medios informativos que nos señalan “lo bien que trabaja el instituto” y “lo mal que contestan las autoridades” lo que necesitamos como sociedad es el reflejo de un buen procedimiento de acceso a la información y que la información fluya para lograr objetivos más claros, más auténticos y siempre, orientados a la participación ciudadana.





[1] Atzimba BALTAZAR MACÍAS; Juan Pablo GUERRERO AMPARÁN. (2003). “El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública: La construcción institucional.” 01 de Agosto de 2016, de Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Sitio web: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/3/1407/4.pdf
[2] LFTAIPG, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.
[3] LFTAIP, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016.
[4] Manuel BAZÁN CRUZ, (2016) “Por una transparencia homogénea” 01 de Agosto de 2016, de Hablemos de Transparencia. Sitio web: http://hablemosdetransparencia.blogspot.mx/2016/06/por-una-transparencia-homogenea.html
[5] Periódico Baja California Sur Noticias. Fecha: 1 de julio de 2016. Sitio web: El organismo consideró que la Sedena aún no ha realizado una “búsqueda exhaustiva” sobre minutas, reuniones, documentos e imágenes relacionadas con la desaparición de los normalistas. http://www.bcsnoticias.mx/inai-obliga-a-semarnat-a-informar-sobre-impacto-ambiental-de-proyecto-turistico-en-los-cabos/
[6] Periódico Sin embargo. Fecha: 11 de octubre de 2015. Sitio Web: http://www.sinembargo.mx/11-10-2015/1515133
[7] Periódico PSN. Fecha: junio de 2016. Sitio Web: http://psn.si/2016/06/pide-inai-a-semarnat-informar-arrecifes-los-tuxtlas/