9 de mayo de 2016

“POLÍTICAS DEL GOBIERNO ABIERTO (GA) PARA UNA CORRECTA RENDICIÓN DE CUENTAS”


PRELIMINARES

Ante la desconfianza de los individuos sobre las instituciones del Estado, y sobre aquellos entes privados o sociales a los cuales han encomendado realizar diferentes tareas para el bienestar común, los ciudadanos exigen una verdadera rendición de cuentas.
Esta exigencia se encuentra entendida como la posibilidad de solicitar información, recopilarla, analizarla, evaluarla y obtener una conclusión, a partir de la cual surgen dudas e inquietudes que deben ser aclaradas; asimismo, se identifican decisiones que requieren una justificación fundada y motivada.     
Como consecuencia de las decisiones que pudieran tomar los servidores públicos, es posible detonar mecanismos jurídicos que pueden desembocar en sanciones administrativas e incluso penales.
En abono a la rendición de cuentas, hoy en día, los Estados apelan a la política de Gobierno Abierto (GA), conocida internacionalmente como “open government”, la cual se enfoca en propiciar la participación y colaboración ciudadana en asuntos públicos.
Bajo ese contexto, resulta importante abordar ¿De qué manera las políticas del GA pueden mejorar la rendición de cuentas de las instituciones del Estado?; en el entendido de que nuestro país se halla en una democracia, en donde la desconfianza pareciera ser una causa natural, pues como dice José Antonio Crespo (2001) la democracia lejos de sugerir la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, grita su profunda desconfianza (p. 19).     


¿CÓMO PUEDEN APOYAR LAS POLÍTICAS DEL GA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO?

Las políticas del GA tienen su antecedente en septiembre de 2010, cuando en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Barack Obama, subrayó la necesidad de realizar esfuerzos específicos con el fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas, solicitando compromisos por parte de los Estados para promover la transparencia, combatir la corrupción y dinamizar las posibilidades efectivas de participación y control del ciudadano[1]. Desde ahí, es posible observar una estrecha relación entre el nuevo paradigma y la rendición de cuentas como un mecanismo para finiquitar una enfermedad crónica de diversas naciones: “la corrupción”.

Para entender el tema del GA, es importante aludir a sus cuatro objetivos fundamentales[2]:
  • Mejorar los servicios públicos;
  • Aumento en la integridad pública;
  • Manejo de recursos públicos con mayor eficiencia y eficacia, y
  • Aumento de la rendición de cuentas.  

En los foros o eventos especializados en la materia, como la Cumbre de Gobierno Abierto que se realiza en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), se evoca a la idea de que las políticas del GA deben basarse en los principios de transparencia, colaboración, participación ciudadana y la innovación a partir del uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Los países integrantes de la AGA, se deben comprometer a través de lo que denominan planes de acción, a crear programas y proyectos para cumplir con los principios del GA[3].    
Ahora bien, si encuadramos los principios del GA al concepto de rendición de cuentas de Andreas Schedler (2008)[4], tenemos que de manera directa los ciudadanos pueden influir en la parte de la responsabilidad (información y justificación). Para ejemplificar dicho planteamiento, a continuación se explica con algunos casos prácticos.

Todos los órganos que conforman el aparato gubernamental de nuestro país necesitan recursos públicos para sostenerse y cumplir con sus objetivos, es por ello, que deben planear el ejercicio de los recursos públicos, ejecutarlos con responsabilidad, eficacia, eficiencia, economía y transparencia, tal y como lo mandata el artículo 134 Constitucional; en esta parte del proceso del gasto, aplicando los principios del GA, las instituciones en comento deberían crear mecanismos para favorecer la participación y colaboración de la sociedad civil a efecto de intervenir en la planeación.

Los entes deberían abrir a la sociedad los proyectos sustantivos y adjetivos que solicitan las diversas áreas que los integran, con tal información los ciudadanos podrán realizar sugerencias y comentarios sobre los planes, programas y necesidades de las instituciones, así como solicitar una justificación de las decisiones correspondientes.

La planeación constituye la base a través de la cual se van a conducir las autoridades en todo un ejercicio fiscal, por lo que no sería deseable que alguna planee su participación en un foro internacional que no guarda relación con su objeto, o más aún, con las tareas que le ha encomendado la normatividad aplicable. Tampoco sería adecuado que las áreas de adquisiciones proyecten la compra de automóviles de lujo para los servidores públicos que tienen esa prestación, cuando los vehículos con que cuenta el ente se hallan en buenas condiciones.

Por lo tanto, los principios del GA dentro de la planeación permiten que los ciudadanos puedan estar frente a la toma de decisiones del presupuesto programado, pero también abriendo brecha a la solicitud de justificaciones; es decir, al otro elemento de la rendición de cuentas (answerability). 

En el caso de la ejecución, existen servidores públicos que se regocijan en los excesos y se olvidan de la demanda de los ciudadanos para que exista una mayor austeridad, ello se debe a que algunas instituciones no rinden los resultados que la sociedad espera, aunado a los actos de corrupción que se ventilan y enfurecen a las opiniones públicas.  

La participación y colaboración de los ciudadanos en los procesos de ejecución del presupuesto, se podrían constituir en un elemento inhibidor de actos deshonestos, como afirma John Ackerman (2006), la rendición de cuentas es mucho más efectiva cuando los actores sociales llevan la batuta en el proceso (p. 18). Para tales objetivos, el acompañamiento social puede aportar a las instituciones un mejor desempeño, tal y como ocurre con los testigos sociales, los cuales constituyen una figura que abona a la transparencia de los procedimientos licitatorios; sin embargo, con los principios del GA no solo se pretende que exista transparencia lisa y llana, sino que la sociedad pueda realizar comentarios y aportaciones que beneficien al cumplimiento de los programas y proyectos del Estado.

Asimismo, los ciudadanos deberían contar con la posibilidad de solicitar las justificaciones correspondientes del por qué se pretende adquirir con tal empresa y no con la que tiene las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio.

Por lo tanto, resulta trascendente que se refuercen los mecanismos de transparencia y de acceso a la información en los órganos estatales, ya que a partir de su implementación y perfeccionamiento, es posible que los individuos accedan a los documentos que sustentan una compra, y en caso de encontrar alguna anomalía, puedan interponer las quejas correspondientes, con la finalidad de que las contralorías internas inicien los procedimientos de responsabilidades y sancionatorios correspondientes (enforcement), en caso de ser aplicables.

Así pues, si algún ciudadano realizó durante el proceso de ejecución del gasto algún comentario sobre la posible violación de los principios constitucionales y se hizo caso omiso de su sugerencia, puede fungir como un auditor social y solicitar todo el expediente de la adjudicación para revisar y verificar de manera puntual el por qué se tomó cierta decisión, y en su caso, presentar la queja o denuncia respectiva.

En este último caso, es posible apreciar que el principio de colaboración del GA (de manera indirecta) puede cerrar el círculo de la rendición de cuentas que Andreas Schedler (2008) denomina como la imposición de sanciones, en virtud de que con la queja o denuncia ciudadana se podrían activar las labores de las áreas o unidades con facultades sancionatorias.

En ese tenor, la aplicación de los principios fundadores del GA, benefician de manera rotunda a la rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales, no en balde, constituye uno de sus grandes objetivos. Es decir, con la puesta en práctica de la política de open government se presenta lo que Guillermo O’Donnell denomina rendición de cuentas horizontal y vertical (en Ugalde, 2002, p.27), en el sentido de que los ciudadanos tendrían la posibilidad de colaborar con las autoridades en las investigaciones correspondientes, y en su caso, para que se  impongan las sanciones a que se hayan hecho acreedores los servidores públicos deshonestos. Asimismo, la rendición de cuentas vertical se manifiesta cuando se permite el acceso de los individuos de manera abierta a las etapas de planeación, ejecución y comprobación del gasto, ya que en todas ellas se permite su opinión y sus cuestionamientos sobre la toma de decisiones.

Para que sea posible implementar las políticas del GA en las instituciones del Estado y favorecer la rendición de cuentas en todas sus vertientes, es importante que los servidores públicos estén capacitados sobre los principios y alcances de tal política, de lo contrario se incurrirá en una simulación, pues a menudo se suele confundir el tema con la transparencia, la cual como se ha señalado constituye un elemento importante; sin embargo, su potencialización no asume que los individuos puedan participar y colaborar en la toma de decisiones.

La transparencia sin participación social puede caer en la esfera de lo inútil, pues de lo que se trata es que los individuos conozcan cada vez más información de los gobiernos, la cual les permitirá apoyar a las instituciones en su desarrollo y operación.

Tampoco, se debe aludir a los datos abiertos como sinónimo del GA, ya que con los primeros se obtiene información manejable, reutilizable, descargable y amigable, como por ejemplo bases de datos crudas, con las cuales se beneficia el análisis de la información por parte de los individuos que  generan estudios y políticas públicas para el beneficio social; sin embargo, si se proporcionan datos abiertos y se cierran las puertas de las instituciones a la participación directa en la toma de decisiones, jamás se podrá hablar de un genuino Gobierno Abierto. 
  
En suma, las políticas del GA favorecen de manera exponencial la rendición de cuentas, en virtud de que los individuos pueden tener acceso directo a la información que se genera en torno a temas sustantivos y adjetivos de las instituciones, solo con ella, pueden preguntar y solicitar justificaciones sobre la toma de decisiones. Asimismo, pueden abonar con sus quejas y denuncias a que las contralorías internas y órganos fiscalizadores realicen auditorias e inicien procedimientos de responsabilidades y de imposición de sanciones.

Sin embargo, aún no existen muchos ejemplos de proyectos de GA en nuestro país, por lo que resulta importante capacitar y concientizar a los servidores públicos sobre sus alcances y poner en práctica la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones.

Ante la reticencia de los entes del Estado por la inclusión de los individuos en la toma de decisiones, los proyectos deben salir y exigirse desde la sociedad civil.




BIBLIOGRAFÍA

Crespo, J. (2001). Fundamentos políticos de la rendición de cuentas, en Cultura de la Rendición de Cuentas, núm. 1, Cámara de Diputados-Auditoría Superior de la Federación, México. (particularmente páginas 7 a 12 y 21 a 34), recuperado de: http://centro.paot.mx/documentos/varios/rendicion_cuentas.pdf

Schedler, A. (2008). Que es la Rendición de Cuentas.  Cuadernos de Transparencia 03, E. IFAI. (particularmente páginas 9 a 19), recuperado de: http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/cuadernillo3.pdf

Ugalde, L. (2002). Rendición de Cuentas y Democracia. El caso México, Colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, Ed. Instituto Federal Electoral, México. (particularmente páginas 9 a 21 y 27 a 39), recuperado de: http://www.uaq.mx/contraloriasocial/diplomado/biliografia-modulo3/Rendicion%20de%20cuentas%20y%20democracia.%20El%20caso%20de%20Mexico..pdf
Ugalde, L. (2001). La Rendición de Cuentas en los Gobiernos Estatales y Municipales.Serie Cultura de la Rendición de Cuentas, Auditoría Superior de la Federación, México, recuperado de: http://www.asf.gob.mx/uploads/63_serie_de_rendicion_de_cuentas/rc4.pdf

Ackerman, J. (2006). Estructura Institucional para la Rendición de Cuentas, lecciones Internacionales y Reformas Futuras. ”. Serie Cultura de la Rendición de Cuentas 9, Auditoría Superior de la Federación, México, recuperado de: http://siare.clad.org/fulltext/2129400.pdf

Guerrero, E. (2001). “La reinvención del gobierno en la transición democrática: Rendición de cuentas en la Administración Pública de México” 1er lugar del 1er Certamen Nacional sobre Fiscalización y Rendición de Cuentas. Auditoria Superior de la Federación, recuperado de: http://siare.clad.org/fulltext/0044111.pdf

Rubio, L. (Coord.) (1993). “A la puerta de la ley. El Estado de derecho en México” Ed. CIDAC, recuperado de: http://cidac.org/esp/uploads/1/A_la_puerta_de_la_ley_PDF.pdf

NORMATIVA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm  

INTERNET

Alianza para el Gobierno Abierto del Estado de Morelos, http://gobiernoabiertomorelos.org/antecedentes.html 

Alianza Gobierno Abierto México, recuperado de: http://aga.ifai.mx/SitePages/DefinicionGob.aspx


Plan de Acción de México 2013-2015, recuperado de: http://pa2015.mx/



[1] http://gobiernoabiertomorelos.org/antecedentes.html
[2] http://aga.ifai.mx/SitePages/DefinicionGob.aspx
[3] México está ejecutando el Plan de Acción 2013-2015: http://pa2015.mx/
[4] EL ATRACTIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DERIVA DE SU AMPLITUD. EL CONCEPTO ES COMPRENSIVO. Lejos de denotar una técnica puntual para domesticar al poder, la rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones. (p.13)