Desde
los origines del derecho de acceso a la información —en nuestro país desde el
año 2002— se ha pretendido que el ciudadano conozca el actuar de su gobierno e
instituciones por medio de un vínculo directo que se estableció como el
principio de la participación ciudadana.
Ese
puente directo ha dado pauta a un sin fin de acciones ciudadanas que bien
podríamos calificar como políticas públicas, las cuales tuvieron un inicio en
el momento en que un ciudadano empoderado, por haber obtenido la información adquirida
al momento de ejercer su derecho de acceder a la información en posesión de las
autoridades, cuenta con las herramientas necesarias para accionar todo un
movimiento social, acorde con los artículos 19 y 21 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.[1]
Considero
que, para definir este acontecer social, el movimiento social se entiende como
el motor que ejerce la ciudadanía para gestionar y lograr un cambio en su
realidad social —y muchas veces jurídica— a través de ejercer un derecho
humano, pero no sólo por ese simple hecho, sino más bien por haber realizado
una labor de escrutinio y entonces haber llegado a la conclusión de una
deficiencia en la aplicación de la ley o bien, porque la ciudadanía —en donde
radica el poder, de conformidad con la definición de democracia por raíces
latinas— puede y debe participar en las relaciones de poder.
El
movimiento derivado del acceso a la información son voces que, teniendo el foro
propicio, se pronuncian en una demanda social a efecto de conocer la verdad de
los hechos, sus actores y los culpables de las violaciones de los derechos
humanos en las acciones del propio Estado.[2]
Me atrevería en este punto a establecer que el poder de la presión mediática ha
fungido como un poder metaconstitucional que puede cambiar el razonamiento de
un juez, detener una campaña publicitaria en materia de salud reproductiva o
bien, lograr cesar a un funcionario por las acciones de su hija. Este tipo de
ejemplos, de los que hemos sido testigos, no reflejan otra cosa más que el poder
del control social. ¿Qué pasaría entonces si esa exigencia de rendición de
cuentas basada en el ideal de lo justo lo convirtiéramos en una política
pública?
Tal
y como lo sostiene Mauricio Merino "una política pública puede ser
definida como una intervención deliberada del Estado para corregir o modificar
una situación social o económica que ha sido reconocida como problema
público". [3]
Sin embargo en el presente ensayo lo que se busca es posicionar esa
intervención en el ciudadano a efecto de que con su observación de algún
resquicio por parte de la legislación o del actuar del gobierno, pueda aplicar
alguna solución.
Es
claro que el proceso de democratización en nuestro país está andando. Mucho
recordamos los discursos políticos en dónde se establecía a México como un país
"recientemente democrático" y con un largo recorrido en vía de la
democratización; pero lo cierto es que ese camino exige que la ciudadanía sea
más participativa, activa e informada. Que asuma su papel no sólo de observador
que se siente vulnerado o hasta indignado, sino que participe en el poder con
ideas plenamente construidas, estructuradas y que ofrezcan una oportunidad de
cambio en el quehacer político.
Recientemente
hemos visto como las instituciones de gobierno han sido cuidadosos con sus
actos públicos, derivado de los posibles debates que puedan sostenerse de cara
a la sociedad, y no sólo para lograr una legitimidad, sino más bien para
cumplir con una exigencia de la sociedad que cada día se ha visto más palpable
y que, incluso, hemos adoptado un vocablo en inglés para definirlo: Accountability,
traducido como "Rendición de Cuentas".
Si
México fue capaz de transitar de un gobierno autoritario al inicio del camino
de una democracia en tan sólo veinte años, seguramente el siguiente cambio de
paradigma será esa retroalimentación necesaria entre gobernantes y gobernados,
el cual debiera ser permanente y no tener ningún despropósito, sino más bien ir
encaminado al mismo objetivo: Lograr que un Estado vislumbre los problemas
sociales —desde dónde sus burócratas no pueden estar en contacto con la
realidad social y dónde se nos ofrece un área de oportunidad para que los
ciudadanos entonces puedan hacerlos notar— y los resuelva con soluciones que
puedan ser viables y e incluso equiparables para un entorno social real para
cada uno de sus unidades sociales que van desde en la totalidad del estado de
Nayarit o para la comunidad de los tarahumaras.
Debemos
enfrentar que la administración pública es un concepto complejo pero cuya
finalidad es sencilla: Establecer mediante la organización de las acciones
permitidas por un marco normativo, a través de los recursos públicos y por
medio de sus recursos humanos; lograr que el Estado funcione. ¿Qué pasaría
entonces si no sólo contamos con los burócratas para ello sino también
involucramos a los ciudadanos?
Debemos
asumir, en primer lugar, que el gobierno no puede —ni debe— resolver todos los
problemas de la interacción de los individuos con las diversas esferas de la
sociedad, el papel rígido del Estado se ha desplazado de la integración de
funcionarios intocables e inalcanzable, por el de servidores públicos capaces
de administrar la complejidad de las políticas a su cargo y saber liderar con
los desafíos de la implementación y lograr un éxito necesario esperado. Para
que lo anterior sea deseablemente eficiente, deben aplicarse los recursos
públicos a las necesidades públicas, y para conocer esta parte del postulado,
ha sido de gran ayuda el acceso a la información pública gubernamental.
Además
de lo anterior, como ya lo hemos dilucidado, las soluciones a las prioridades
sociales parten de una definición y detección de un problema cuyo propósito
ideal es el de atacarlo con acciones avocadas a brindar resultados tangibles.
Dichos resultados sólo pueden ser observados a través de un ente vigilante
permanente que debe ser la sociedad. Es por ello que me atrevo a afirmar que
cada política pública debe de ser lo más transparente posible, y por este
término me refiero a lo más accesible a los ciudadanos, a efecto de que se
promueva la mayor participación social deseable.
Po
ello insisto en que el Estado debe tomar un papel mucho más activo en la
promoción del crecimiento y la igualdad social. Ese es el enfoque no puede
tocarse por la ciudadanía. El fomentar el interés en una sociedad que ha dejado
de lado las grandes diferencias entre clases sociales, puede desempeñar
entonces un papel más participativo.
Sin
embargo, para poder diseñar una política pública, el ciudadano debe de
enterarse y conocer las razones por las que una acción de gobierno no está
siendo eficaz y ello lo puede lograr a través de solicitar la información
relacionada con una política pública en específico, como puede ser
"Oportunidades"; que a pesar de ser una política pública reconocida y
galardonada a nivel mundial, lo cierto es que existen pueblos o comunidades en
las que la aplicación de esas acciones encaminadas a detener que la pobreza
continúe creciendo, está siendo ineficaz. ¿Cómo saber si es que en el estado de
Guerrero está llegando la ayuda necesaria? ¿Cómo hacer una verdadera evaluación
de las acciones del gobierno cuando no tenemos los elementos necesarios para
poder hacer exigible un cambio en dichas acciones o en la repartición del gasto
público necesario? Sólo puede lograrse con información.
"La
información es poder" sostuvo el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos en los años de su creación. Lo que
intentaba direccionar a los ciudadanos a creer que de verdad fungían un papel
importante en la construcción de la democracia de este país, que podían
intervenir y que su voz fuese escuchada. Incluso hubo quienes sostuvieron que
la creación de ese órgano garante era el de "empoderar" a la
ciudadanía, pero ese poder se tiene desde que se puede elegir a quienes van a
ejercer el poder. Ahora, el cambio de paradigma resulta evidente: El ciudadano
es el que puede ejercer directamente el poder.
Más
allá del diseño de una política pública, me parece que el mayor desafío
consiste en las capacidades y voluntades de quienes la diseñan y las llevan a
cabo. Es por ello que me parece importante que si un ciudadano activo es quien
comienza a mover el aparato burocrático para conocer sobre una deficiencia del
Estado y tiene la inquietud de cambiarlo, la voluntad —e incluso la capacidad—
están plenamente validadas.
Se
debe perder el miedo entonces a fomentar el debate público y proporcionar a los
ciudadanos los elementos necesarios para comenzar a participar de manera más
activa. Es claro que para la Administración Pública Federal, actualmente ha
logrado un estándar en materia de transparencia y acceso a la información e
incluso respecto a la rendición de cuentas. Esto se ha logrado tras el
desempeño del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
Datos a lo largo de diez años. Sin embargo existen todavía claro oscuros en los
otros niveles de gobierno, dado que se ha visto un despropósito de homologar el
derecho de acceso a la información en los Estados de la República Mexicana a
demás de los Poderes Legislativo y Judicial que se han visto menos increpados
por una fiscalización ciudadana.
Habrá
menos espacio de opacidad después de que se publiquen las leyes secundarias en
materia de transparencia que se deriven de la reforma constitucional en dicha
materia. La implementación se está siendo paulatina pero la aplicación tendrá
que ser inmediata, sin ningún tapujo para los ciudadanos.
La
transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la construcción de
un gobierno democrático, pues resultan ser el medio directo mediante el cual
los ciudadanos pueden conocer de viva voz, las actuaciones del gobierno. Sin
embargo ello no se logrará si es que la información gubernamental no es útil y
en un medio accesible que permita su utilidad para lograr mejores gobiernos.
Por
ello, incluso, se ha hablado de datos abiertos desde el gobierno, los
ciudadanos deben poder encontrar la información, descargarla y manipularla para
la conformación de las ideas y la detección de los errores de aplicación. Una
política pública no surge ni puede evolucionar de manera aislada, debe de
allegarse de la información necesaria que permita construirla. No consiste
solamente en un conjunto de definiciones, normas, procedimientos y actores, es
una afirmación de valores públicos puesto que supone la capacidad de adaptación
y compromiso con los valores de sociedad asumidos. Ya que considero que una
política pública sin una visión social, está destinada al fracaso.
El
acceso a la información es parte de un Estado democrático, de un Estado
moderno, resulta ser una prerrogativa de los ciudadanos. Así la información en
poder de las instituciones de ejecutan acciones para lograr una gobernabilidad
eficiente, se convierte en un bien público. Cuando un Estado democrático asume
cabalmente la transparencia como responsabilidad ética y social, aumenta la
legitimidad, su autoridad y su credibilidad. El acceso a la información, y por
consecuencia la transparencia, no sólo debe servir a los ciudadanos para evitar
abusos, sino también al gobierno para legitimarse, y a ambos: Sociedad y
gobierno, para detectar errores y corregirlos a través de la construcción y
ejecución de políticas públicas, respectivamente.
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001790/179018m.pdf
Página 17.
[2]
Ver LUNA Pla,Issa. "Movimiento Social del
Derecho de Acceso a la Información en México". Capítulo Segundo. Instituto
de Investigaciones Jurídicas. Serie "Doctrina Jurídica" Número 471. Universidad
Nacional Autónoma de México, 2009. Páginas 47 y ss.
[3] MERINO, Mauricio. "Políticas Públicas: Ensayo
sobre la Intervención del Estado en la solución de problemas públicos". De
la serie "Gobierno y Políticas Públicas" Centro de Investigación y
Docencia Económica (CIDE)
