Antes que nada, les ofrezco una disculpa por la tardanza de este artículo.
Sin embargo, era indispensable estar al pendiente del avance del proceso legislativo de la creación de las leyes secundarias en materia de transparencia en el Senado de la República.
Todo empezó con el año pasado al momento de reformar la constitución con la intención final de ampliar el derecho de acceso a la información a todos los niveles de gobierno pero, todavía más importante, a los tres poderes de la Unión.
Esto creó una importante espera, puesto que los nuevos sujetos obligados —partidos políticos, fideicomisos, personas morales y físicas que reciban recursos públicos— quienes nunca habían tenido un procedimiento de acceso a la información que obran en su poder.
Por otra parte, el Poder Legislativo y el Poder Judicial habían tenido, hasta ahora, un procedimiento auto aplicativo a través del cual, si un ciudadano no estaba de acuerdo con la respuesta que se le había entregado, tenía sólo un procedimiento de recurso de revisión que incluso ellos mismos resolvían. Y esto debía de terminar para dejarlo al organismo autónomo de reciente creación, especialista en la materia.
Así el interés era inmenso. ¿Cómo poder crear una ley general que permitiera cubrir las bases, los fundamentos, las reglas pero en todos los niveles, en todos los poderes? El reto se antojaba difícil. Por ello, sin lugar a dudas, el Senado de la República decidió comenzar con un proceso innovador que permitiera actuar de lleno con las organizaciones de la sociedad civil en un proyecto de iniciativa.
Después de más de dos meses de más de diez horas diarias, se creó con el apoyo de México Infórmate, Artículo XIX y de la Red por la Rendición de Cuentas en concordancia con el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, del Partido de Acción Nacional y el Partido Verde Ecologista de México una iniciativa que fue presentada en diciembre del año pasado.
Pese a que todo este proceso apareció documentado en la Comisión de Anticorrupción[1] y Participación Ciudadana, así como por el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información en el Senado de la República[2], lo cierto es que causó un verdadero revuelo en medios informativos ¿la razón? Porque entre los partidos y algunos otros sujetos obligados —como el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros– tenían intereses en el contenido de las obligaciones en materia de transparencia y en la determinación de las reservas de información.
La mayoría de los periódicos tacharon al Senado de traidor, de no haber ingresado todas las redacciones de los artículos convenidos entre las organizaciones de la sociedad civil y los legisladores. Sin embargo habrá que dejar muy en claro que el procedimiento de redacción, inevitablemente es diferente al procedimiento legislativo. Las discusiones tendrían que tener un nivel más jurídico y mucho más centrado a la realidad de los sujetos obligados.
Me explico. No es igual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el Fideicomiso para Fondos Públicos de las festividades del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución ¿por qué? Por la cantidad de la estructura que poseen, por el monto de recursos públicos que manejan y porque muchas veces los fideicomisos no tienen una oficina en dónde pueden atenderse solicitudes de información; son ficciones jurídicas que se crean para la aplicación de un recurso público. Y me detengo para dejar muy en claro que no es porque no tengan que rendir cuentas, todo lo contrario, la idea y el espíritu de la reforma constitucional es sin duda que todo aquél que maneje recursos públicos, sea cual sea su naturaleza jurídica, debe brindar acceso a la ciudadanía para una vigilancia constante. Pero había que aceptarse la diferencia.
No es lo mismo la Administración Pública que lleva más de diez años aplicando el procedimiento de acceso a la información que el Poder Judicial de la Federación que se ha visto receloso de su información, desde el momento en el que se le pide copia de expedientes, alegando que la información en éstos contenidos, impide la administración de justicia, cuando lo que se busca es vigilar la correcta administración de justicia.
Pero los argumentos jurídicos, muchas veces fallan ante los argumentos mediáticos. Y ante eso, no tengo ninguna explicación.
Los procedimientos de dictaminación en las comisiones de gobernación, de anticorrupción y participación ciudadana y estudios legislativos segunda, se detuvieron; se colapsaron.
Es complicado, si me permiten decirlo, que cuatro fuerzas políticas, distintas por tradición, se pongan de acuerdo y construyan un consenso que pudiera fortalecer la aceptación que se tuvo con la reforma constitucional. La creación de las leyes secundarias obviamente debían tener el ojo vigilante del ciudadano, pero no el oído sordo.
El grupo plural, conforme a lo que vi, a lo que escuché, a lo que viví, defendió sus posturas, todos y cada uno con sus argumentos factibles y de peso de conformidad con la experiencia que cada uno ha aportado al desarrollo del Derecho de Acceso a la Información en México. Mantener el liderazgo en este ámbito, sin lugar a dudas, no es sencillo.
Pese a todo, el día de hoy se aprobó en el Senado de la República la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Ahora mismo los legisladores aplauden el proceso, se presume un nivel de entendimiento sin precedentes. Y yo no podía sentirme más orgullosa de haber participado en la primer ley general de transparencia.
Sin embargo el reto de la letra en el papel es mayúsculo. La efectividad de la ley se verifica hasta la aplicación de esta, y el procedimiento legislativo aún no termina, sigue en la Cámara de Diputados en dónde también se registrará un reto en el proceso de dictaminación, sin embargo no tienen tiempo suficiente para poder hacer algo como en la Cámara Alta, puesto que esta legislación secundaría tenía un plazo que vencía el pasado mes de febrero para ser publicada.
“Ya veremos, dijo un ciego” dice un dicho popular. Y la transparencia, se tiene que ver. Lo único que espero es que este dicho popular no culmine con el adéndum que le hizo mi abuelo paterno: “Ya veremos, dijo un ciego… a un sordo”.
En nosotros está ver, analizar y criticar el dictamen del Senado[3] y seguir el procedimiento en la Cámara Baja. Y además tendremos un largo recorrido aún con el Poder Legislativo, falta la Ley General de Archivos, la de protección de Datos Personales, la Ley Federal de Transparencia y todos los procedimientos para tener un Sistema Nacional Anticorrupción.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario