Por un INAI transparente
Inicia la cuenta regresiva
para el cambio de estafeta en la presidencia del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI):
¿Quién tomará el desafío?
Mucho se ha criticado el
proceso que contemplan las leyes en la materia para relevar la presidencia del
órgano garante nacional, lo cierto es que el día de hoy se debe elegir al
sucesor con lo que se tiene; sin embargo, ello no obsta para que de manera
proactiva se invoque la congruencia y la moral institucional en dicho proceso.
En los albores de la reforma
constitucional de transparencia de 2014, una de las grandes expectativas que se
tenían, era precisamente la configuración del nuevo órgano garante, pues sería
constitucionalmente autónomo al igual que la CNDH, la UNAM o el INEGI, eso
implicaba la superioridad con la que tomaría sus decisiones para garantizar el
derecho de acceso a la información, la transparencia y el derecho humano a la
protección de datos personales, salvo algunas limitantes, como los asuntos
jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la facultad de impugnación
del Consejero Jurídico del ejecutivo cuando estime que se podría vulnerar la
seguridad nacional.
Ya casi pasaron tres años
desde la integración del primer pleno del órgano nacional, así como de su
primera presidencia, periodo en el que se pretendió poner en marcha el Sistema
Nacional de Transparencia, la reorganización de los nuevos sujetos obligados,
dentro de los cuales se encuentran los partidos políticos, sindicatos y
personas físicas y morales que realizan actos de autoridad o reciben recursos
públicos. Asimismo, se trató de innovar en la relación con la sociedad civil a
través de la implementación de eventos, concursos y foros dirigidos a
diferentes grupos de la población, como el caso de niños, jóvenes y
estudiantes.
Fuente: INAI |
Pero también, continuaron adoptándose
algunas actividades que tuvieron éxito desde que el órgano estaba integrado extrañamente
en la administración pública federal, como el caso de las semanas nacionales de
transparencia y el premio a la innovación en transparencia.
Sin embargo, existen muchas
tareas pendientes que requieren mayúscula atención, por ejemplo: la crítica
constante y con sustento hacia la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual
constituye una bomba tecnológica que aún no se logra estabilizar, especialmente
por lo que hace a la publicación de las obligaciones de transparencia de los
sujetos obligados y la interconexión de los sistemas de cada entidad
federativa; la implementación vinculatoria de las denuncias ciudadanas por el
incumplimiento a la publicación de esa información, así como la planificación
eficiente de una política pública que permita que los derechos objeto del INAI
sean ejercidos por ciudadanos distintos a los clientes habituales.
Asimismo, aún existen dudas
progresivas sobre la manera en que se resuelven los recursos de revisión y se
fijan criterios en el seno del pleno compuesto por siete comisionados, pues a
menudo aluden a decisiones que se toman en reuniones previas, dejando de lado
el principio de transparencia que exige la Constitución Política.
¿Qué más se debe hacer?, ¿cómo
lograr mantener los éxitos?, ¿cómo atender las oportunidades de mejora detectadas?,
¿cómo poner en práctica la creatividad en el servicio público?, estas son
algunas interrogantes que debe saber responder y resolver el futuro presidente
o presidenta del INAI, pues de ahí depende el perfeccionamiento del ente
público.
El proceso de elección debe
ser transparente a los ojos de la sociedad civil organizada y de cualquier
individuo. Es más, debe escapar de acuerdos políticos innecesarios y facilitar
la participación ciudadana que por la naturaleza del órgano constitucional debe
estar presente, en concordancia con las políticas de gobierno abierto que promueve.
El proceso debe ser innovador. El Pleno del INAI en este momento debería haber
solicitado la colaboración ciudadana para la redacción de las reglas del juego,
con la intención de legitimar el nuevo nombramiento.
Los servidores públicos que
tomarán la decisión, deben pensar en una revolución del diseño institucional,
en donde se favorezca a la sociedad, pues no deben olvidar que tienen la
oportunidad de redireccionar el barco que decidieron navegar, el cual constituye
una pieza fundamental para la garantía de los derechos humanos y del Sistema
Nacional Anticorrupción.