PRELIMINARES
Ante la desconfianza de
los individuos sobre las instituciones del Estado, y sobre aquellos entes
privados o sociales a los cuales han encomendado realizar diferentes tareas
para el bienestar común, los ciudadanos exigen una verdadera rendición de
cuentas.
Esta exigencia se
encuentra entendida como la posibilidad de solicitar información, recopilarla, analizarla,
evaluarla y obtener una conclusión, a partir de la cual surgen dudas e
inquietudes que deben ser aclaradas; asimismo, se identifican decisiones que
requieren una justificación fundada y motivada.
Como consecuencia de las decisiones que pudieran tomar los servidores públicos, es
posible detonar mecanismos jurídicos que pueden desembocar en sanciones
administrativas e incluso penales.
En abono a la rendición de
cuentas, hoy en
día, los
Estados apelan a la política de Gobierno Abierto (GA), conocida internacionalmente
como “open government”, la cual se enfoca en propiciar la participación y
colaboración ciudadana en asuntos públicos.
Bajo ese contexto, resulta
importante abordar ¿De qué manera las políticas del GA pueden mejorar la
rendición de cuentas de las instituciones del Estado?; en el entendido de que nuestro país se halla
en una democracia, en donde la desconfianza pareciera ser una causa natural,
pues como dice José Antonio Crespo (2001) la
democracia lejos de sugerir la confianza de los ciudadanos hacia sus
gobernantes, grita su profunda desconfianza (p. 19).
¿CÓMO PUEDEN APOYAR
LAS POLÍTICAS DEL GA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO?
Las políticas del GA tienen su antecedente en septiembre de 2010, cuando en
su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Barack Obama,
subrayó la necesidad de realizar esfuerzos específicos con el fin de promover
la transparencia y la rendición de cuentas, solicitando compromisos por parte
de los Estados para promover la transparencia, combatir la corrupción y
dinamizar las posibilidades efectivas de participación y control del ciudadano[1]. Desde
ahí, es posible observar una estrecha relación entre el nuevo paradigma y la
rendición de cuentas como un mecanismo para finiquitar una enfermedad crónica
de diversas naciones: “la corrupción”.
Para entender el tema del GA, es importante aludir a sus cuatro
objetivos fundamentales[2]:
- Mejorar los servicios públicos;
- Aumento en la integridad pública;
- Manejo de recursos públicos con mayor eficiencia y eficacia, y
- Aumento de la rendición de cuentas.
En los foros
o eventos especializados en la materia, como la Cumbre de Gobierno Abierto que
se realiza en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), se evoca a
la idea de que las políticas del GA deben basarse en los principios de
transparencia, colaboración, participación ciudadana y la innovación a partir del
uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
Los países
integrantes de la AGA, se deben comprometer a través de lo que denominan planes
de acción, a crear programas y proyectos para cumplir con los principios del GA[3].
Ahora bien,
si encuadramos los principios del GA al concepto de rendición de cuentas de
Andreas Schedler (2008)[4], tenemos
que de manera directa los ciudadanos pueden influir en la parte de la
responsabilidad (información y justificación). Para ejemplificar dicho
planteamiento, a continuación se explica con algunos casos prácticos.
Todos los órganos
que conforman el aparato gubernamental de nuestro país necesitan recursos
públicos para sostenerse y cumplir con sus objetivos, es por ello, que deben planear el ejercicio de los recursos
públicos, ejecutarlos con responsabilidad, eficacia, eficiencia, economía y
transparencia, tal y como lo mandata el artículo 134 Constitucional; en esta
parte del proceso del gasto, aplicando los principios del GA, las instituciones
en comento deberían crear mecanismos para favorecer la participación y
colaboración de la sociedad civil a efecto de intervenir en la planeación.
Los entes deberían abrir a la sociedad los
proyectos sustantivos y adjetivos que solicitan las diversas áreas que los
integran, con tal información los ciudadanos podrán realizar sugerencias y
comentarios sobre los planes, programas y necesidades de las instituciones, así
como solicitar una justificación de las decisiones correspondientes.
La
planeación constituye la base a través de la cual se van a conducir las autoridades
en todo un ejercicio fiscal, por lo que no sería deseable que alguna planee su
participación en un foro internacional que no guarda relación con su objeto, o
más aún, con las tareas que le ha encomendado la normatividad aplicable.
Tampoco sería adecuado que las áreas de adquisiciones proyecten la compra de
automóviles de lujo para los servidores públicos que tienen esa prestación,
cuando los vehículos con que cuenta el ente se hallan en buenas condiciones.
Por lo
tanto, los principios del GA dentro de la planeación permiten que los
ciudadanos puedan estar frente a la toma de decisiones del presupuesto programado,
pero también abriendo brecha a la solicitud de justificaciones; es decir, al
otro elemento de la rendición de cuentas (answerability).
En el caso de
la ejecución, existen servidores públicos que se regocijan en los excesos y se
olvidan de la demanda de los ciudadanos para que exista una mayor austeridad,
ello se debe a que algunas instituciones no rinden los resultados que la
sociedad espera, aunado a los actos de corrupción que se ventilan y enfurecen a
las opiniones públicas.
La
participación y colaboración de los ciudadanos en los procesos de ejecución del
presupuesto, se podrían constituir en un elemento inhibidor de actos
deshonestos, como afirma John Ackerman (2006), la rendición de cuentas es mucho más efectiva cuando los actores
sociales llevan la batuta en el proceso (p. 18). Para tales objetivos, el
acompañamiento social puede aportar a las instituciones un mejor desempeño, tal
y como ocurre con los testigos sociales, los cuales constituyen una figura que
abona a la transparencia de los procedimientos licitatorios; sin embargo, con
los principios del GA no solo se pretende que exista transparencia lisa y
llana, sino que la sociedad pueda realizar comentarios y aportaciones que
beneficien al cumplimiento de los programas y proyectos del Estado.
Asimismo,
los ciudadanos deberían contar con la posibilidad de solicitar las
justificaciones correspondientes del por qué se pretende adquirir con tal
empresa y no con la que tiene las mejores condiciones en cuanto a calidad y
precio.
Por lo
tanto, resulta trascendente que se refuercen los mecanismos de transparencia y
de acceso a la información en los órganos estatales, ya que a partir de su
implementación y perfeccionamiento, es posible que los individuos accedan a los
documentos que sustentan una compra, y en caso de encontrar alguna anomalía, puedan interponer las quejas
correspondientes, con la finalidad de que las contralorías internas inicien los
procedimientos de responsabilidades y sancionatorios correspondientes (enforcement), en caso
de ser aplicables.
Así pues,
si algún ciudadano realizó durante el proceso de ejecución del gasto algún
comentario sobre la posible violación de los principios constitucionales y se
hizo caso omiso de su sugerencia, puede fungir como un auditor social y
solicitar todo el expediente de la adjudicación para revisar y verificar de
manera puntual el por qué se tomó cierta decisión, y en su caso, presentar la
queja o denuncia respectiva.
En este
último caso, es posible apreciar que el principio de colaboración del GA (de
manera indirecta) puede cerrar el círculo de la rendición de cuentas que
Andreas Schedler (2008) denomina como la imposición de sanciones, en virtud de
que con la queja o denuncia ciudadana se podrían activar las labores de las
áreas o unidades con facultades sancionatorias.
En ese
tenor, la aplicación de los principios fundadores del GA, benefician de manera rotunda
a la rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales, no en balde,
constituye uno de sus grandes objetivos. Es decir, con la puesta en práctica de
la política de open government se
presenta lo que Guillermo O’Donnell denomina rendición de cuentas horizontal y
vertical (en Ugalde, 2002, p.27), en el sentido de que los ciudadanos tendrían
la posibilidad de colaborar con las autoridades en las investigaciones
correspondientes, y en su caso, para que se impongan las sanciones a que se hayan hecho
acreedores los servidores públicos deshonestos. Asimismo, la rendición de cuentas
vertical se manifiesta cuando se permite el acceso de los individuos de manera
abierta a las etapas de planeación, ejecución y comprobación del gasto, ya que
en todas ellas se permite su opinión y sus cuestionamientos sobre la toma de
decisiones.
Para que
sea posible implementar las políticas del GA en las instituciones del Estado y
favorecer la rendición de cuentas en todas sus vertientes, es importante que
los servidores públicos estén capacitados sobre los principios y alcances de
tal política, de lo contrario se incurrirá en una simulación, pues a menudo se
suele confundir el tema con la transparencia, la cual como se ha señalado
constituye un elemento importante; sin embargo, su potencialización no asume
que los individuos puedan participar y colaborar en la toma de decisiones.
La
transparencia sin participación social puede caer en la esfera de lo inútil,
pues de lo que se trata es que los individuos conozcan cada vez más información
de los gobiernos, la cual les permitirá apoyar a las instituciones en su
desarrollo y operación.
Tampoco, se
debe aludir a los datos abiertos como sinónimo del GA, ya que con los primeros
se obtiene información manejable, reutilizable, descargable y amigable, como
por ejemplo bases de datos crudas, con las cuales se beneficia el análisis de
la información por parte de los individuos que
generan estudios y políticas públicas para el beneficio social; sin
embargo, si se proporcionan datos abiertos y se cierran las puertas de las
instituciones a la participación directa en la toma de decisiones,
jamás se podrá hablar de un genuino Gobierno Abierto.
En suma, las políticas del GA favorecen de manera exponencial la rendición
de cuentas, en virtud de que los individuos pueden tener acceso directo a la
información que se genera en torno a temas sustantivos y adjetivos de las
instituciones, solo con ella, pueden preguntar y solicitar justificaciones
sobre la toma de decisiones. Asimismo, pueden abonar con sus quejas y denuncias
a que las contralorías internas y órganos fiscalizadores realicen auditorias e
inicien procedimientos de responsabilidades y de imposición de sanciones.
Sin embargo, aún no existen muchos ejemplos de proyectos de GA en nuestro
país, por lo que resulta importante capacitar y concientizar a los servidores
públicos sobre sus alcances y poner en práctica la inclusión de la sociedad en
la toma de decisiones.
Ante la reticencia de los entes del Estado por la inclusión de los
individuos en la toma de decisiones, los proyectos deben salir y exigirse desde
la sociedad civil.
BIBLIOGRAFÍA
Crespo, J. (2001). Fundamentos políticos de la rendición de
cuentas, en Cultura de la Rendición de Cuentas, núm. 1, Cámara de
Diputados-Auditoría Superior de la Federación, México. (particularmente páginas
7 a 12 y 21 a 34), recuperado de: http://centro.paot.mx/documentos/varios/rendicion_cuentas.pdf
Schedler, A. (2008). Que es la Rendición de Cuentas. Cuadernos
de Transparencia 03, E. IFAI. (particularmente páginas 9 a 19), recuperado
de: http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/cuadernillo3.pdf
Ugalde, L. (2002). Rendición de Cuentas y Democracia. El
caso México, Colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática,
Ed. Instituto Federal Electoral, México. (particularmente páginas 9 a 21 y 27 a
39), recuperado de: http://www.uaq.mx/contraloriasocial/diplomado/biliografia-modulo3/Rendicion%20de%20cuentas%20y%20democracia.%20El%20caso%20de%20Mexico..pdf
Ugalde, L. (2001). La Rendición de Cuentas en los Gobiernos
Estatales y Municipales.Serie Cultura de la Rendición de Cuentas,
Auditoría Superior de la Federación, México, recuperado de: http://www.asf.gob.mx/uploads/63_serie_de_rendicion_de_cuentas/rc4.pdf
Ackerman, J. (2006). Estructura Institucional para la Rendición de
Cuentas, lecciones Internacionales y Reformas Futuras. ”. Serie Cultura de la
Rendición de Cuentas 9, Auditoría Superior de la Federación, México, recuperado
de: http://siare.clad.org/fulltext/2129400.pdf
Guerrero, E. (2001). “La reinvención del gobierno en la transición
democrática: Rendición de cuentas en la Administración Pública de México” 1er
lugar del 1er Certamen Nacional sobre Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Auditoria Superior de la Federación, recuperado de: http://siare.clad.org/fulltext/0044111.pdf
Rubio, L. (Coord.) (1993). “A la puerta de la ley. El Estado de
derecho en México” Ed. CIDAC, recuperado de: http://cidac.org/esp/uploads/1/A_la_puerta_de_la_ley_PDF.pdf
NORMATIVA
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
INTERNET
Alianza para el Gobierno Abierto del Estado
de Morelos, http://gobiernoabiertomorelos.org/antecedentes.html
[1]
http://gobiernoabiertomorelos.org/antecedentes.html
[2]
http://aga.ifai.mx/SitePages/DefinicionGob.aspx
[3] México está ejecutando el Plan de
Acción 2013-2015: http://pa2015.mx/
[4]
EL ATRACTIVO DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS DERIVA DE SU AMPLITUD. EL CONCEPTO ES COMPRENSIVO. Lejos de denotar una
técnica puntual para domesticar al poder, la rendición de cuentas abarca de
manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de
poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo fuerza a explicar
y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones. (p.13)
