Transparencia Focalizada

Durante el sexenio pasado, la Secretaría de la Función Pública emitió un estándar para todas las páginas de las Secretarías de Estado a través del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, y del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia y Archivo, uno de los nueve manuales que resultaron después de la Tala Regulatoria que auspició el Gobierno Federal del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El objetivo era que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal crearan, dentro de la sección "transparencia" aquella nueva llamada "información socialmente útil o focalizada". En principio, dicha sección estaría integrada por indicadores de programas presupuestarios que realizara la Secretaría en cuestión; por recomendaciones de Órganos Públicos y finalmente por estudios y opiniones que se hubiesen emitido por alguna circunstancia.

Los responsables de realizar esa homologación eran, justamente, las Unidades de Enlace en coordinación con las unidades administrativas depositarias de la información, siempre con la batuta de los Órganos Internos de Control de cada institución.

Con este paso, es necesario recordar que, con la reforma constitucional al artículo 6° constitucional del año 2002, se determinó que las Unidades de Enlace no significarían un costo en recursos materiales ni humanos para las dependencias y/o entidades, ya que se formarían con la estructura que hasta ese momento se tuviera, lo cual significó que no se buscaría contar con expertos en materia de transparencia, tema que abordaré seguramente en otra ocasión.

Ante los centenares de comentarios que recayeron a la instrucción de la Función Pública, ésta trató de ser más específica al tratar de definir a la "Información Socialmente Útil o Focalizada" con aquellos temas que cumplieran con los siguientes rubros:

1) Mejorar el acceso a trámites, bienes y/o servicios, con la mayor conveniencia y oportunidad, evitando posibles contratiempos para los usuarios.

2) Propiciar el conocimiento de la sociedad respecto a temas tales como: comunicaciones y transportes, salud, educación, empleo, seguridad, vivienda, desarrollo y seguridad social, turismo, medio ambiente y/o energía, con el fin de que el ciudadano pueda tomar decisiones informadas sobre asuntos y/o problemas públicos específicos y con ello, disminuir riesgos en su persona y familia.

3) Contener elementos clave para promover la competitividad económica e inversión, eliminando las asimetrías de información y,

4) Contribuir a eliminar la opacidad en el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos, así como a combatir la corrupción.

De igual forma, la secretaría detalló que esta información debiera estar en formatos o aplicaciones digitales que permitan al ciudadano acceder a la información de manera fácil y oportuna, como mapas, comparativos, tablas, etc., privilegiando el uso del lenguaje claro.

Incluso, y finalmente, destacó que debería de existir un apartado de datos abiertos en el que se pudiera publicar información en formato de bases abiertos sin dar mayores datos.

En ese sentido, y bajo todos esos detalles, se calificó a las entidades y dependencias del gobierno federal tras cumplir con estas actividades y como seguramente sospecharán, el resultado fue catastrófico.

Al no existir un parámetro lineal en las secretarías de Estado, fue complicado homologar las actividades que la sociedad pudiera catalogar como socialmente útiles y por ende se terminó ubicando en este apartado bases de datos que en nada propiciaban a los ciudadanos tener un mejor elemento no sólo de rendición de cuentas frente a sus gobernantes, también para mejorar su calidad de vida.

Me viene a la memoria una semana de la transparencia organizada por el IFAI hace un par de años, en dónde los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania se había ayudado de las tecnologías de la información (las llamadas TIC's) para promover la creación de aplicaciones en los smartphones que tuvieran información sobre los restaurantes sancionados por no cumplir con las normas mínimas de higiene o de protección civil, arrojando como resultado una calificación en estrellas que le permitiera al ciudadano decidir algo tan sencillo como dónde ir a comer.

Otro ejemplo, sobre las gasolineras, la aplicación podría ayudar al particular a llegar rápidamente a la concesionaria del bien nacional en dónde el precio por litro estuviese más barato y estuviera más cerca del lugar en dónde en ese momento se encontraba el ciudadano.

Haciendo un comparativo con el caso mexicano, sólo se habló del programa que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que los ciudadanos pueden consultar en el caso de que salgan de viaje por carretera. Dicho programa hace un recorrido virtual por carreteras federales y arroja un resultado en kilómetros recorridos que le permite al ciudadano saber cuánto va a gastarse en peajes y cuánto tiempo, aproximado, hará de recorrido. Sin embargo, este programa, ya no se encuentra disponible a través de la sección "Transparencia Focalizada" de la SCT dejando ese ejemplo exitoso, en el olvido.

¿Qué es la transparencia focalizada o qué debería entenderse por ésta?

La transparencia focalizada o transparencia pro-activa es una respuesta a la necesidad de obtener beneficios específicos de la transparencia, así como a la demanda de un mayor orden en la información que ofrece el gobierno. 

La transparencia focalizada requiere que el gobierno estandarice y publique información específica, que busque resolver un problema social concreto, y estimular los mecanismos del mercado para lograr un beneficio social específico.

¿Cómo la aplicamos a la casuística mexicana en la que no estamos acostumbrados a procesar la información?

Nos encontramos ante otro reto en materia de transparencia que, si dejáramos de creer que somos dueños de la información, pudiéramos fácilmente vencer.