El pasado 10 de marzo se anunció públicamente el inicio de operaciones de la plataforma Méxicoleaks. Esta iniciativa se presentó como una herramienta que permite enviar información de “interés público” a medios de comunicación y organizaciones civiles a través de tecnologías seguras que garantizan el anonimato de la fuente[1], en otras palabras, el sitio permite a cualquier persona filtrar información que releve actividades de interés general, como por ejemplo: actos de corrupción, actividades ilícitas, incorrectas y peligrosas realizadas por funcionarios gubernamentales o actores privados.
Méxicoleaks se ostenta como una herramienta para que los “informantes internos” o “whistleblowers”[2] revelen, de manera segura, información de “interés público” a través de diversos medios de comunicación, entre los que se encuentran el sitio Animal Político, el semanario Proceso, la revista Emeequis y la Unidad MVS/Aristegui.
A los pocos días del lanzamiento de la plataforma, el interesante tema sobre Méxicoleaks se perdió en las profundas y exhaustivas discusiones sobre el despido de Carmen Aristegui de su programa de radio en MVS Noticias. El anuncio de la Periodista y su equipo de investigación de que tanto ellos como el medio para el cual trabajaban (MVS) se sumaban al proyecto, trajo consigo no sólo su despido, sino también la preocupación de diversos analistas, académicos e intelectuales, por la opresión del Estado, por el ataque a libertad de expresión y el vendaval autoritario que vive el País. Desafortunadamente, el tema de los informantes internos y la plataforma Méxicoleaks quedó fuera del radar de casi toda la opinión pública.
Bajo este contexto, es que en esta ocasión apuntaré algunos de los aspectos que me parecen más relevantes y sobre los cuales vale la pena reflexionar.
El sitio, como lo apunté líneas atrás, se presenta como una herramienta que permite enviar información de “interés público”, lo cual deja abierta la puerta para que se envíe cualquier tipo de información que el whistleblower considere de interés general y que revele conductas realizadas por funcionarios gubernamentales o quizá también por actores privados.
La plataforma no señala como uno de sus objetivos el dar a conocer información que dé cuenta de actividades ilegales, incorrectas, inmorales, fraudulentas, corruptas y peligrosas, sino que solamente se refiere de manera general a información de interés público, lo anterior cobra relevancia si tomamos en cuenta el funcionamiento de la propia herramienta.
El proyecto, al describir cómo funciona la plataforma, señala que la información recibida a través de Méxicoleaks será verificada, analizada y publicada por su alianza de colaboradores, formada por organizaciones civiles y medios de comunicación, es decir se trata, de un filtro en el que los diferentes medios revisarán la información y en base a sus criterios y de lo que entiendan por “interés público”, decidirán si publican o no la información. Esta situación es la que causa preocupación, como lo expresa el “blogger” Juan Tadeo Ramírez: “ …los leaks (filtraciones) quedan supeditados al criterio editorial de los distintos medios que impulsan el sitio y al contexto manipulación que dichos medios quieran darles ante su eventual publicación…la mencionada plataforma es acaso una herramienta para sus impulsores, para que se alleguen de líneas de investigación o de investigaciones terminadas, para después (y sólo si así lo juzgan conveniente) presentarla como producto de sus equipos de “periodismo de investigación” y cobrársela al usuario final: usted”[3]
El supeditar la publicación de los “leaks” a la decisión de los medios que colaboran con el proyecto, abre la puerta a la discrecionalidad y a la especulación, ya que no existe ninguna garantía de que el medio haga del conocimiento público la totalidad de información filtrada, sobretodo pensemos en los casos que involucre a alguno de los propios medios.
A diferencia del sitio Wikileaks lanzado por Julian Assange en 2006, la página Méxicoleaks, no tiene ningún contenido, no publica ningún documento, lo que provoca que no se conozca ni se sepa qué información publicada fue obtenida a través de la plataforma y cuándo fue producto de una investigación periodística, además, no señala su forma de financiamiento y tampoco si es una organización sin fines de lucro, situación que lleva a pensar que las organizaciones que los apoyan, también los financian.
En cuanto a la protección de los informantes, el sitio señala que el anonimato no sólo se protege con tecnología, que en México, la Constitución reconoce la libertad de expresión y los derechos a la información y al secreto periodístico, por lo que los medios de comunicación tienen la obligación y el derecho de proteger la identidad de sus fuentes, incluso dentro de un procedimiento legal, es decir, la única garantía de protección para el informante es la confidencialidad de su identidad. Sobre este punto es importante enfatizar que, si bien es cierto, una de las mayores críticas a este tipo de sitios radica en la capacidad de proteger a los informantes, también es cierto que no es responsabilidad exclusiva de ellos, la protección a los whistleblowers es responsabilidad del Estado y de los poderes tanto públicos como privados.
En este sentido, la protección de los denunciantes internos no se debe circunscribir exclusivamente al anonimato de las fuentes, debe ser una actividad protegida bajo la idea de que nos encontramos frente a un derecho que tienen todas las personas y por lo tanto, debiera ser reconocido jurídicamente para garantizar esta práctica ante eventuales sanciones legales, administrativas y laborales.
[2] En este mismo espacio ya me he referido al tema de los informantes internos o whistleblowers, en: http://hablemosdetransparencia.blogspot.mx/2015/02/whistleblowing-informantes-internos.html
[3] https://juantadeo.wordpress.com/2015/03/17/mexicoleaks/
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