Corrupción en México: la apuesta por la vía institucional

Por Mariana García

La corrupción ha sido un fenómeno endémico en la región latinoamericana desde hace décadas, pero ha cobrado un matiz más visible en los últimos años a partir de escándalos que han sacudido a varios líderes políticos de América Latina.

En Guatemala, el Presidente Otto Pérez Molina fue obligado a renunciar en 2015 y se encuentra preso ante la acusación de la Fiscalía de encabezar una red de defraudación fiscal en su gobierno. En Brasil, la Presidenta Dilma Rousseff fue separada de su cargo en mayo de 2016 y enfrentará un juicio político por acusaciones de manipular el presupuesto público. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández enfrenta actualmente acusaciones por perjuicio a la administración pública, enriquecimiento y asociación ilícita y lavado de dinero. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, estuvo bajo investigación oficial por conflictos de interés durante 2015 después de que se le acusara de adquirir un inmueble con una empresa que fuera su contratista cuando fungió como gobernador del Estado de México.

Los costos de la corrupción son enormes en términos económicos, políticos y sociales. La consultora estadounidense Global Financial Integrity calcula que el costo de la corrupción para Latinoamérica es de 142,920 millones de dólares anuales, lo que equivale al 3% de todo el PIB de la región. El desprestigio de la clase política, la desconfianza en la democracia y la insatisfacción ciudadana son sólo algunos de las manifestaciones que acompañan este fenómeno.

Mientras en algunos de estos países latinoamericanos los ciudadanos se manifestaron masivamente contra la corrupción con protestas multitudinarias que lograron la renuncia de sus líderes o que enfrenten procesos judiciales. En México, pareciera que los ciudadanos hemos decidido apostar por la ruta institucional para combatir la corrupción, asegurar la rendición de cuentas y atemperar el conflicto.

Esto resulta interesante tomando en cuenta que México es el país que menor satisfacción tiene con la democracia de los 18 países encuestados en el Latinobarómetro 2015, con tan sólo 19% de satisfacción comparada con el 37% del promedio de la región. Asimismo, México junto con Guatemala exhibe uno de los menores niveles apoyo a la democracia como forma de gobierno, 48% y 33% respectivamente; comparado con 57% de la región y en contraste con países como Venezuela y Uruguay con 83% y 76% de apoyo al régimen democrático. Una contradicción si tomamos en cuenta que Venezuela vive bajo el yugo de una autocracia corrupta que ha generado una enorme crisis económica y política en el país.

La fe puesta en las instituciones por los mexicanos resulta aún más contradictoria tomando en cuenta la trayectoria de la confianza en las instituciones reportada en encuestas recientes en el país (BGC, mayo 2015): con los partidos políticos y el poder Legislativo en los últimos lugares.

Encuesta realizada por la BGC,mayo 2015.

A pesar de todo esto, en el combate a la corrupción, México avanza. Pero, sobre todo, avanza por la vía legislativa y electoral. Algunos ejemplos son:

• Reforma en materia de Transparencia y la exigencia ciudadana de mayor rendición de cuentas: Una de las leyes secundarias en materia de transparencia (la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública) que siguieron a la reforma constitucional de 2014  fue aprobada en un contexto de desconfianza ciudadana a unos meses del escándalo de la Casa Blanca. Ante la exigencia de una mayor rendición de cuentas por parte de los ciudadanos, la socialización de la reforma y sus beneficios por parte del gobierno se enfocaron en comunicar la ampliación de sujetos obligados, el incremento de atribuciones al INAI para regular a los entes públicos así como la ampliación del catálogo de información de oficio que deberá ser publicada por todos los sujetos obligados a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.

• Reforma Anticorrupción y el poder de la sociedad civil: En esta reforma cabe destacar el papel que ha jugado la sociedad civil: desde el empuje para generar el contexto de discusión de la reforma; la propuesta de redacción para las leyes secundarias; el ejercicio de debate y parlamento abierto con el Senado; la enorme movilización ciudadana donde se logró recabar más de 634,000 firmas para exigir que todo funcionario público presente sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses como requisito para ocupar un cargo público (Ley 3 de 3). Asimismo, a través de la exigencia ciudadana y empresarial en medios públicos y redes sociales, se logró que el Presidente hiciera uso del instrumento del veto legislativo para echar atrás un artículo que resultaba contraproducente y costoso para el país pues implicaba que prácticamente cualquier ciudadano que recibiera recursos públicos rindiera también su 3 de 3. En la reforma anticorrupción nuevamente los mexicanos apostamos por la vía democrática e institucional para articular un entramado normativo e institucional que permita combatir la corrupción eficazmente. Empleando la movilización pacífica a través de la recaudación de firmas y exigiendo la activación del veto presidencial, la participación ciudadana ha resultado definitoria para el avance legislativo para combatir la corrupción.

• Elecciones 2016 y el voto de castigo: En las pasadas elecciones a gobernador, la alternancia en 8 de los 12 estados donde se celebraron comicios fue leída por muchos analistas como el voto de castigo de los mexicanos a la corrupción y a la impunidad en sus estados. Los mexicanos resolvieron por la vía democrática y pacífica del voto su encono con el abuso del cargo público por parte de los políticos.

Con estos ejemplos, es claro que México ha procesado por la vía institucional y legislativa lo que en otros países de la región latinoamericana se ha llevado a las calles, generando incluso la activación de mecanismos que implicaron la renuncia o enjuiciamiento de líderes políticos con todos los costos que ello trae para la estabilidad política y económica. Los mexicanos seguimos esperando que el Sistema Nacional Anticorrupción deje de ser esa panacea legislativa para que su implementación y práctica sea una realidad institucional para combatir efectivamente la corrupción.

Mientras México sigue apostado por la creación de mejores reglas e instituciones y por la existencia de mayor transparencia y rendición de cuentas, espero que nuestros legisladores y políticos entiendan que, al menos en materia de combate a la corrupción, el país todavía se mueve por la vía democrática.