Por Mariana García
En días
recientes, la opinión pública reclama la renuncia al Presidente Enrique Peña
Nieto por una serie de acciones y decisiones tomadas durante sus primeros
cuatros años de gobierno. Entre las razones para solicitar su dimisión se
encuentran algunas relacionadas con temas de transparencia y rendición de
cuentas ("la casa Blanca", el departamento de Miami, el informe de gobierno
manipulado, etc.); otras diplomáticas (como la invitación a Donald Trump); fracasos
en la implementación de reformas estructurales (como la reforma educativa);
entre otras relacionadas con el actuar de las fuerzas gubernamentales en materia de
seguridad: Nochixtlán, Tanhuato, Tlatlaya, por mencionar algunas.
Si bien no
es claro todavía a dónde llevará la exigencia de la renuncia del Presidente (y
los cambios anunciados al gabinete presidencial parecieran dar salida al
conflicto, al menos en la visión del gobierno federal), no hay duda que el
gobierno mexicano atraviesa una enorme crisis de legitimidad con niveles
históricos de desaprobación del Ejecutivo Federal. Sin embargo, la crisis
reciente nos abre un abanico de acciones que promueven mayor transparencia y
podrían abonar a la rendición de cuentas, el control del poder público y la
legitimidad de la acción pública.
La Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en mayo
de 2015 representó un avance significativo al ampliar el número de sujetos
obligados en los tres poderes y niveles de gobierno, así como catálogo de
obligaciones de transparencia que deben publicarse en los portales de Internet
y en la Plataforma Nacional, pero la coyuntura actual apunta a tres áreas
que podrían fortalecerse y donde, sin lugar a dudas, es posible acreditar el
interés público por encima de la secrecía y la opacidad con la que se conducen:
1. Mayor transparencia en la elaboración, discusión y reasignación presupuestaria: en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que se entregó al Congreso el día de hoy, se traducen las prioridades de política pública del gobierno mexicano y la forma en que se asignarán los recursos públicos para atender las mismas.
Es por ello que organizaciones civiles como Fundar y México Evalúa han solicitado que las decisiones en torno al mismo se tomen con la mayor apertura posible. Ambas organizaciones han denunciado el monopolio que existe en las diferentes etapas presupuestarias, por un lado, la Secretaría de Hacienda en cuanto a la elaboración del proyecto del PEF y las reasignaciones discrecionales durante el ejercicio del mismo; y por el otro, de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en cuanto a la discusión y aprobación ya que muchas reuniones de dicha Comisión se siguen llevando a puertas cerradas. La transparencia presupuestaria debería ser una de las mayores exigencias de la ciudadanía hacia el gobierno con la finalidad de alentar una mayor apertura del Ejecutivo y Legislativo en sus respectivos ámbitos de acción.
2. Mayor transparencia en la negociación magisterial: la situación de inestabilidad que ha generado el conflicto magisterial con las movilizaciones y bloqueos que sostienen diversos maestros para protestar en torno a la reforma educativa es un tema que este gobierno ha arrastrado por casi cuatro meses. Para poder destrabar la brecha entre los intereses del magisterio y el gobierno federal, es necesario que las mesas de diálogo con la CNTE sean “públicas y transparentes” como lo ha mencionado en días pasados el Secretario de Gobernación. Es inconcebible que en un país democrático la deliberación del futuro de la educación se negocie a puertas cerradas, lejos del escrutinio público.
3. Mayor transparencia en las reuniones con jefes de estado o personajes políticamente relevantes: la visita del candidato republicano Donald Trump a nuestro país la semana pasada, ha generando un enorme repudio por parte de la opinión pública. Más allá del conflicto que generó el acuerdo de una visita de última hora, donde secretarios de estado fueron relegados de la decisión, uno de los puntos más debatidos ha sido qué fue lo que realmente discutieron Trump y Peña sobre el muro antes de la conferencia pública que ofrecieron ante los medios.
Si la reunión privada entre ambos hubiera sido a puertas abiertas y se hubiera transparentado la discusión, no tendríamos qué preguntarnos si se discutió el tema de la construcción del muro en la frontera norte de nuestro país y si nuestro Presidente fue realmente tajante al negarse a financiarlo, como después anunciara tímidamente en su Twitter. Las reuniones diplomáticas que afectan visiblemente la credibilidad y legitimidad del mandatario, sobre todo con personajes tan controvertidos y desafortunados como Trump, deben ser expuestas a la ciudadanía.
1. Mayor transparencia en la elaboración, discusión y reasignación presupuestaria: en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que se entregó al Congreso el día de hoy, se traducen las prioridades de política pública del gobierno mexicano y la forma en que se asignarán los recursos públicos para atender las mismas.
Es por ello que organizaciones civiles como Fundar y México Evalúa han solicitado que las decisiones en torno al mismo se tomen con la mayor apertura posible. Ambas organizaciones han denunciado el monopolio que existe en las diferentes etapas presupuestarias, por un lado, la Secretaría de Hacienda en cuanto a la elaboración del proyecto del PEF y las reasignaciones discrecionales durante el ejercicio del mismo; y por el otro, de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en cuanto a la discusión y aprobación ya que muchas reuniones de dicha Comisión se siguen llevando a puertas cerradas. La transparencia presupuestaria debería ser una de las mayores exigencias de la ciudadanía hacia el gobierno con la finalidad de alentar una mayor apertura del Ejecutivo y Legislativo en sus respectivos ámbitos de acción.
2. Mayor transparencia en la negociación magisterial: la situación de inestabilidad que ha generado el conflicto magisterial con las movilizaciones y bloqueos que sostienen diversos maestros para protestar en torno a la reforma educativa es un tema que este gobierno ha arrastrado por casi cuatro meses. Para poder destrabar la brecha entre los intereses del magisterio y el gobierno federal, es necesario que las mesas de diálogo con la CNTE sean “públicas y transparentes” como lo ha mencionado en días pasados el Secretario de Gobernación. Es inconcebible que en un país democrático la deliberación del futuro de la educación se negocie a puertas cerradas, lejos del escrutinio público.
3. Mayor transparencia en las reuniones con jefes de estado o personajes políticamente relevantes: la visita del candidato republicano Donald Trump a nuestro país la semana pasada, ha generando un enorme repudio por parte de la opinión pública. Más allá del conflicto que generó el acuerdo de una visita de última hora, donde secretarios de estado fueron relegados de la decisión, uno de los puntos más debatidos ha sido qué fue lo que realmente discutieron Trump y Peña sobre el muro antes de la conferencia pública que ofrecieron ante los medios.
Si la reunión privada entre ambos hubiera sido a puertas abiertas y se hubiera transparentado la discusión, no tendríamos qué preguntarnos si se discutió el tema de la construcción del muro en la frontera norte de nuestro país y si nuestro Presidente fue realmente tajante al negarse a financiarlo, como después anunciara tímidamente en su Twitter. Las reuniones diplomáticas que afectan visiblemente la credibilidad y legitimidad del mandatario, sobre todo con personajes tan controvertidos y desafortunados como Trump, deben ser expuestas a la ciudadanía.
José Antonio
Crespo señalaba que “uno de los temores alrededor de la transparencia, (…), es
que al abrir la ventana a la conducción de los asuntos públicos pudieran
ponerse en evidencia los desacuerdos entre los encargados de la cosa pública
(…) fomentando la incertidumbre y la incredulidad de los gobernados. La
opacidad buscaba [entonces] preservar tanto una imagen consensual de
los tomadores de decisiones (…) como una superioridad técnica e intelectual de éstos sobre los ciudadanos”.[1]
Sin embargo, al menos en este sexenio, ya es demasiado tarde para pretender consolidar nuestra incipiente democracia. La incertidumbre y la incredulidad ya se instalaron en el país, la imagen de nuestros tomadores de decisión está desacreditada y los ciudadanos están llenando los espacios que el gobierno ha dejado desolados. Al gobierno no le queda más que arrojar luz sobre los asuntos públicos para ver si es posible recuperar algo de legitimidad en el corto plazo.
[1] Crespo, J.A. (2006). Transparencia y democracia: claves para un
concierto. Cuadernos de Transparencia No. 10. IFAI.
Claro que sí... Por ahí va la cosa.
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