Para hablar de transparencia, prefiero empezar siempre hablando
del derecho a la información, pues aquella es sólo una variante del universo de
éste. A estas alturas ya nos queda a todos más o menos claro que la
transparencia es más bien una política pública para, l en una de sus variantes,
ejercer el derecho humano a la información.
Para una persona, para un ciudadano, la información es
fundamental, pues es uno de los principales insumos para ejercer esa
ciudadanía. Una de esos tipos de información que tan valiosos son al ciudadano,
es la información de los entes públicos, no me refiero esta vez a la
información propia de la gestión pública, es decir, aquella relacionada con su
presupuesto, su ejercicio o la relativa a sus funcionarios, sino a la información
que genera, emplea, procesa y produce como sujeto de derecho público.
En México, casi desde siempre en su historia moderna, pongamos el
porfiriato como referente cercano, la información que genera el gobierno y los
entes públicos sobre su quehacer, su llamada comunicación social o comunicación
gubernamental, se ha caracterizado por ser propagandística, por ser
mercadológicamente tendiente a, posicionar en el gusto del público (los
votantes; los que ya votaron o hay que convencer para votar, o a quienes los
entes públicos tienen que informar).
Lo anterior ha sido así, tanto que se tuvo que reformar el
artículo 137 de la Constitución para precisar en su penúltimo párrafo lo
siguiente:
“La
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres
órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos,
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidor público.”
De esta suerte, tenemos que hemos cometido históricamente un grave
error, hemos concebido que la comunicación social o gubernamental es una forma
de propaganda, es decir, basada en slogans, estribillos o frases pegajosas,
imágenes fáciles, de recordar, estilos de personas o personas con estilo que
puedan gustar al ciudadano, que puedan parecerles honestos, pero hemos dejado
de lado la función primordial de este tipo de comunicación; la comunicación
gubernamental sirve para formar al ciudadano, no para hacer propaganda de sus
funcionarios, o en el mejor de los casos, de las propias instituciones.
No requerimos un estudio demasiado profundo o histórico, basta con
recordar cuantas frases o slogan, cuantos estribillos de campañas de
comunicación del gobierno recordamos, frente a cuántos ejercicios reales de
comunicación gubernamental tenemos presente, saber si recordamos alguno en el
que se nos informará sobre las actividades de una institución, de sus logros en
la gestión, de cómo su labor mejora nuestra vida como ciudadanos, pero no es
así, nos será más fácil recordar cuántas estrellas de televisión fueron contratadas
para presentar de forma más amable esos vacuos mensajes.
Es por ello que considero que la comunicación gubernamental en
México tiene un gran futuro en México, un futuro en el que deberá alejarse de
estos pésimos ejemplos que marcan su pasado, pero que le brindan la gran
oportunidad por delante de cumplir su verdadera función de informadora y
formadora de opinión entre la ciudadanía. Así esta forma de comunicación será
una herramienta, junto con la transparencia, que harán más efectivo del derecho
a la información entre los mexicanos.
Especialista en Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho,
Maestrante en Derecho de las TIC especializado en
Telecomunicaciones por INFOTEc.
Director de la Asociación Latinoamericana de Abogados.
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