Durante
este mes, hemos sido testigos del procedimiento para elegir a los comisionados del
nuevo órgano autónomo que será encargado de garantizar el Derecho de Acceso a
la Información a todas las personas que deseen obtener información pública en
posesión de los tres órganos de gobierno e incluso de otros órganos autónomos,
fideicomisos y personas físicas que reciban recursos públicos.
Ello
derivado de la reciente reforma constitucional en materia de transparencia que significó
un paso más en la defensa de este Derecho Humano.
Sin
embargo el reto que enfrentó el Senado de la República, a mi opinión, ha sido
enorme, puesto que, en honor al tema que se trata, las comisiones unidas de
anticorrupción y participación ciudadana; reglamentos y prácticas
parlamentarias; y estudios legislativos segunda, tuvieron que ceñirse a la
estricta transparencia en, primer lugar, hacer públicas las comparecencias de
los hasta ahora comisionados del IFAI a efecto de defender su estadía ahora en
el órgano garante autónomo.
El
resultado fue notorio, pues las redes sociales se llenaron de preguntas,
afirmaciones y cuestionamientos liderados por la sociedad civil, quienes mantuvieron
un ojo vigilante durante todas las comparecencias. Esta comparecencia puede
consultarse en éste vínculo.
Sin
embargo, los senadores integrantes de las comisiones unidas ya antes aludidas,
tomaron la decisión de no permitir que ninguno de los actuales comisionados que
conforman el IFAI fuesen parte del nuevo organismo garante. La versión
estenográfica de esta comparecencia puede consultarse aquí.
Fue
por ello que la Cámara Alta lanzó una convocatoria para que se inscribieran los
ciudadanos que creyeran cumplieran con el perfil constitucional requerido, es
decir, que fuesen mexicanos por nacimiento, tener 35 años cumplidos el día de
la designación, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
que amerite pena corporal, haber recidido en el país durante los dos años
anteriores al día de la elección y no haber sido Secretario de Estado,
Procurador General de la República o de justicia del DF, senador, diputado
federal, gobernador de un Estado o Jefe del DF durante el año inmediato
anterior a su designación.
A
este filtro quedaron 158 participantes que comparecieron ante los senadores
durante 8 días exponiendo los planes de trabajo que entregaron para contestar a
la convocatoria hecha por las comisiones unidas y respondiendo las preguntas de
los legisladores y una pregunta de la organización de la sociedad civil,
reactivos que fueron elaborados por un Comité de Expertos convocado por la
Senadora Arely Gómez González.
Durante
el desarrollo de las comparecencias, que pudimos seguir en unas ocasiones en
vivo y otras vía streaming por el
Canal del Congreso, la ciudadanía en general pudo seguir a sus favoritos pero
también darse cuenta de que hubo algunas sorpresas agradables en dónde los
aspirantes hicieron gala de sus conocimientos en materia de transparencia y
protección de datos personales, pero hubo algunas otras muchas experiencias
amargas de personalidades del mundo jurídico -sobre todo- que dejaban ver la
falta de experiencia en la materia o bien, que únicamente se limitaron a leer
la doctrina del derecho de acceso a la información.
Sin
embargo, no hay lugar para divagar. Las comparecencias en su totalidad pueden
ser revisadas en la siguiente dirección electrónica.
Después de más de noventa horas de trabajo en comparecencias, ahora los senadores se reunirán en estos días para
presentar, antes del 30 de abril, los nombres de los siete transparentólogos
que considere expertos en la materia pero que también tengan el voto de
confianza de la ciudadanía, ya que el Comité de Expertos que acompañó durante
todas las jornadas, entregó el pasado lunes 20 de abril al Senado de la
República un listado en orden alfabético de los mejores calificados, a su
juicio. Desde el momento de su inscripción hasta el último momento de su
comparecencia.
No
se necesita ser un experto en la materia para percatarse que los retos del
nuevo organismo garante son enormes, y significarán un peso político que se ha
encargado de dejar el actual Pleno del IFAI, con sus recurrentes disputas y
descalificaciones que continúan siendo el pan nuestro de cada miércoles, cuando
el pleno se reúne para resolver los recursos de revisión de los ciudadanos.
Es claro que ya no podemos confiar en esos cinco que, por tradición, habían sido aguerridos especialistas que daban argumentos a morir con tal de abrir la información que había sido negada o que había sido clasificada como reservada. Atrás quedaron los renombrados nombres como el de María Marván, Alonso Lujambio, el mismo Juan Pablo Guerrero en su papel como comisionado, Alonso Gómez Robledo o la propia Jacqueline Peschard. Lo que ahora tenemos es un soliloquio que produce votos particulares y disidentes a diestra y siniestra lo que ha provocado que la ciudadanía dejase de creer que el IFAI es un velador del ejercicio del derecho que tenemos todos a ser informados.
Es claro que ya no podemos confiar en esos cinco que, por tradición, habían sido aguerridos especialistas que daban argumentos a morir con tal de abrir la información que había sido negada o que había sido clasificada como reservada. Atrás quedaron los renombrados nombres como el de María Marván, Alonso Lujambio, el mismo Juan Pablo Guerrero en su papel como comisionado, Alonso Gómez Robledo o la propia Jacqueline Peschard. Lo que ahora tenemos es un soliloquio que produce votos particulares y disidentes a diestra y siniestra lo que ha provocado que la ciudadanía dejase de creer que el IFAI es un velador del ejercicio del derecho que tenemos todos a ser informados.
En
pocas palabras, los siete (que esperemos que sean fantásticos) no vislumbrarán
un asiento en el salón de plenos del nuevo organismo garante sin mayor
complicación, deberán liderar un ente nuevo que produzca resultados rápidos y
palpables, que divulgue el uso del derecho de acceso a la información y que
promueva la actualización de plataformas tan importantes como el INFOMEX o el
Portal de Obligaciones de Transparencia. Se enfrentará a los monstruosos
poderes legislativo y judicial que jamás se habían enfrentado antes ante los
ojos vigilantes de los ciudadanos "preguntones" que no los dejarán en
paz (esperemos). Deberán lidiar con las resoluciones poco favorecedoras en
Estados como Puebla, Guanajuato, Querétaro o Tlaxcala con las peores
calificaciones una y otra vez en la Métrica Nacional de Transparencia. Se enfrentarán a
los sindicatos con su argumento central basado en que la mayor parte de los
recursos que maneja no son públicos al provenir directamente de los
trabajadores que "libremente" y de manera "no coercitiva"
se los entregan con una fe ciega que es difícil de creer. Deberán ser claros en
sus criterios para ejercer su facultad de atracción, deberán resolver las
quejas de los paisanos que estén inconformes con resoluciones de los institutos
de transparencia de sus Estados; y una larga lista de etcéteras que espero que
los 147 comparecientes hayan tenido muy en cuenta a la hora de exponerse a los
ojos de los ciudadanos y de los senadores.
Para
mí, la pregunta central de este proceso no es ¿quién es el más apto?, más bien debiera ser ¿quién realmente es capaz de ser un comisionado (o comisionada) de una forma eficaz? Seguramente en mi
próxima intervención en este blog ya tendremos certeza de los siete nombres, de
los siete ¿capaces con el encargo?
Marlenne Magallanes.
Especialista
en Derecho de la Información y maestrante en Derecho por la UNAM.
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