Procesos Abiertos

       El Gobierno Abierto es un concepto en construcción que está conformándose con las aportaciones de los países que integran la Alianza por el Gobierno Abierto –entre ellos, México–, dicho modelo está basado en los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación y tecnología, mediante acciones específicas que propone cada gobierno para abrirse a la ciudadanía.

La idea es, que se articule un nuevo paradigma en las tareas del gobierno, en sus diversos niveles y poderes, con la finalidad de que participen y colaboren los individuos para hacer frente a las problemáticas que afectan a la sociedad y para mejorar la calidad de vida.

En ese contexto, nuestro país asumió la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, integrada por 65 países de todo el mundo, los cuales suman esfuerzos para alcanzar una apertura gubernamental y promover una nueva relación entre sociedad y gobierno.

El Gobierno Abierto, de igual forma que la transparencia, se ha convertido en un punto medular de las agendas gubernamentales, pues las instituciones están apostando al cambio de paradigma, dejando de lado la democracia pasiva y acercándose más a la participación ciudadana.

Dentro del ecosistema de Gobierno Abierto, se conjuga la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, favoreciendo la apertura de datos y procesos, en la primera, se encuentra desde mi perspectiva la evolución de la transparencia reactiva a una proactiva y de ésta última a una participativa, utilizando formatos abiertos que permitan reutilizar la información y darle un valor adicional por parte de los usuarios. Por lo que respecta a la apertura de procesos, se encuentra la posibilidad de que los ciudadanos participen y colaboren en las decisiones gubernamentales, es decir, que exista un empoderamiento de los individuos, a partir de la toma de decisiones.

En el tema de procesos abiertos, es donde quisiera abundar en esta ocasión, comentando un ejemplo que me pareció digno de ser comunicado y comentado, pues su implementación debería ser explorada por los demás gobiernos de la Alianza.

Me refiero al Estado Chileno, el cual creó la “Consulta Indígena”, como mecanismo de participación y colaboración ciudadana.

De conformidad con su sitio de internet, la consulta fue creada para facilitar el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Lo anterior, con la finalidad de fomentar la confianza entre el Estado y los pueblos indígenas y de una nueva forma de relación, participativa e inclusiva.

Con ello, Chile busca que los habitantes de los pueblos indígenas participen de manera informada en las medidas legislativas y administrativas que afecten su entorno, así como reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a través de un proceso de diálogo para considerar su opinión sobre diferentes temáticas que los afecten de manera directa, lo que permitirá establecer un nuevo trato entre los pueblos indígenas y el Estado.

Actualmente, se encuentra en proceso la consulta para crear un Ministerio y Consejo o Consejos de Pueblos Indígenas, dicho proceso, trajo inmersas las siguientes actividades:

1.       Se publicó en el Diario Oficial del Estado la puesta en marcha del procedimiento administrativo respecto al Proceso de Consulta del Anteproyecto de Ley que Crea el Ministerio de Pueblos Indígenas.

2.       Se convocó a los pueblos indígenas y sus instituciones representativas a la primera reunión de planificación del proceso de consulta.

3.       Se pusieron a disposición de los ciudadanos los documentos legislativos, para que sobre ellos se ejerza la opinión.

En ese sentido, durante el mes de septiembre se llevaron a cabo reuniones en las localidades indígenas, con la finalidad de poner en marcha la consulta y arribar a resultados que influyan en la toma de decisiones. El procedimiento de consulta deberá aplicarse con flexibilidad y ajustarse a las particularidades del o los pueblos consultados, respetando su lengua.

Según la normativa vigente del Estado Chileno, la convocatoria debe hacerse en español y en un idioma que pueda ser comprendido por los pueblos consultados. Se considerará necesario realizarlo en el idioma del pueblo indígena cuando éste se comunique mayoritariamente en su idioma, por lo que se respeta el derecho lingüístico y a la autodeterminación de los pueblos indígenas. 

La normatividad que regula la consulta, no establece la existencia de un porcentaje mínimo de participación. El proceso es abierto a todas las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Participar es un derecho y el Estado garantiza ese derecho al mantener la posibilidad de que en cualquier instante una organización ingrese al proceso de consulta, pero respetando todo lo obrado hasta ese momento.

En ese sentido, los acuerdos a los que lleguen, podrán ser plasmados en los proyectos de ley que se enviarán al Congreso Nacional, respetando el principio de buena fe que rige las consultas indígenas. Es decir, la consulta se organiza en torno al principio de la buena fe de ambas partes y su sentido es generar espacios para recoger los planteamientos de los pueblos indígenas en los temas consultados.

En ese marco, los principios del Gobierno Abierto pueden reflejarse de la siguiente manera:

  

PRINCIPIO	CONSULTA INDÍGENA
Transparencia	Se pone a disposición del público información sobre las iniciativas de leyes que se pretenda implementar y que afecten el entorno indígena
Participación	Los habitantes de los pueblos indígenas tiene el derecho de opinar sobre las iniciativas propuestas por los ciudadanos
Colaboración	Los acuerdos alcanzados entre gobierno y sociedad pueden ser integrados en las iniciativas de ley
Rendición de cuentas	No se indica

Como es posible apreciar, la estrategia del Estado Chileno es perfectible, pues aún no contempla de qué manera se debe rendir cuentas a los pueblos indígenas sobre las funciones del gobierno en torno a la consulta ciudadana.

Así mismo, la colaboración es endeble, ya que los acuerdos alcanzados pueden o no tomarse en cuenta, lo que podría provocar que la opinión vertida por los pueblos indígenas sea ignorada, dejando de lado la esencia de la consulta.

Sin embargo, es una excelente iniciativa que permitirá que el Gobierno Chileno se ponga a la vanguardia de los países que integran la Alianza por el Gobierno Abierto, pues está abriendo un proceso sumamente importante, el de la integración de leyes que serán discutidas en el parlamento, basándose en la opinión de los afectados, lo que permite una participación directa, que seguramente evitará el descontento futuro por no considerar las opiniones más relevantes.

Cabe señalar, que los principios del Gobierno Abierto (GA, por sus siglas) no están hechos únicamente para las instituciones gubernamentales, sino para la sociedad organizada y no organizada, por lo que estamos en el momento de influir en las labores gubernamentales y trabajar más de cerca para nuestras comunidades.

Para mayor información, consultar: http://www.consultaindigena.gob.cl/

Manuel Bazan Cruz*

*Especialista en Derecho de la Información por el Posgrado de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.