Alanza por el Gobierno Abierto, México en Inglaterra.

El Gobierno de Estados Unidos, de la mano del presidente Obama, inició la más grande política en materia de transparencia que se haya visto jamás. Y todo ocurrió de una manera tan sencilla. Dicen que el presidente, al comenzar su gobierno, realizó una reunión con su equipo de trabajo quienes, para demostrar su eficiencia, realizaron diversas tablas de Excel con información muy sencilla de entender, es decir, en lenguaje claro.

Al ver esto el presidente hizo un sencillo cuestionamiento: ¿Esto ya lo saben los ciudadanos?

Tras esa sencilla pregunta, comenzaron los ideales en políticas en materia de transparencia que, como tal, tenía un sólo compromiso: Que el gobierno no fuese un misterio para los ciudadanos, que su actuar fuese accesible y fuese abierto.

Esta política impulsó la creación de la Alianza por el Gobierno Abierto dónde algunos países comenzaron a reunirse con el fin de realizar mejoras dentro de sus gobiernos a favor de la cualidad de la transparencia en el ejercicio público.

Hoy, el "Open Government Parthership" (OGP por sus siglas) pretende dejar de ser una carta de buenas intenciones y pasar de los ideales a los hechos. Para ello, cuenta dentro de todos sus países participantes, con un aliado fundamental: El ciudadano.

A través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, se pretende escuchar y retomar las ideas (que no son lo mismo que los ideales) para transformar la manera de hacer política, de hacer gobierno, de generar resultados.

El caso de México (que forma parte de la alianza desde septiembre de 2011) inició en la Administración Pública Gubernamental con ayuda de el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como su principal aliado, al lado de la Secretaría de la Función Pública; por parte de las autoridades. Además de la Sociedad Civil: Fundar, centro de análisis e investigación. Sin embargo existe una verdadera ambición por ser el líder de Latinoamérica en los temas centrales y evidentemente ser referencia para éstos en la aplicación de las políticas de transparencia.

Y es por ello que el evento adquiere importancia por la adhesión del poder Legislativo, interesado en el esquema de trabajo en materia de transparencia. Que esto suceda, en mi muy particular punto de vista, es extraordinario.

Los ojos del mundo están puestos en Londres, ciudad que en este momento tiene concentrados a todos los interesados en abrir la información a la sociedad para trabajar en conjunto rumbo a un futuro comprometedor que vincula directamente y sin intermediarios a la sociedad con el gobierno que ejerce el poder: El ideal de la democracia.

Habrá que seguir muy de cerca los resultados de esta Alianza y estar pendientes de las acciones que implemente el gobierno. Tan sólo por el simple hecho de que, el próximo año, México será país co-presidente y ello, será digno de un siguiente post.

¡En hora buena!

Para saber más:

 

https://vine.co/v/hD0XEd62JVT 

http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/03/57753.php

gobabierto.tumblr.com

http://t.co/nNBqzrwDgY

http://journalmex.wordpress.com/2011/09/20/suscribe-mexico-la-alianza-para-el-gobierno-abierto-convocada-por-barack-obama/

 

Sigue en twitter el hashtag  #OGP13, @fundarmexico, @senarelygomez, @IntegridadMX, @OpenDataMX, @ifaimexico

Pueden seguir la transmisión en vivo por aquí: http://www.opengovpartnership.org/get-involved/london-summit-2013

Transparencia Focalizada

Durante el sexenio pasado, la Secretaría de la Función Pública emitió un estándar para todas las páginas de las Secretarías de Estado a través del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, y del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia y Archivo, uno de los nueve manuales que resultaron después de la Tala Regulatoria que auspició el Gobierno Federal del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El objetivo era que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal crearan, dentro de la sección "transparencia" aquella nueva llamada "información socialmente útil o focalizada". En principio, dicha sección estaría integrada por indicadores de programas presupuestarios que realizara la Secretaría en cuestión; por recomendaciones de Órganos Públicos y finalmente por estudios y opiniones que se hubiesen emitido por alguna circunstancia.

Los responsables de realizar esa homologación eran, justamente, las Unidades de Enlace en coordinación con las unidades administrativas depositarias de la información, siempre con la batuta de los Órganos Internos de Control de cada institución.

Con este paso, es necesario recordar que, con la reforma constitucional al artículo 6° constitucional del año 2002, se determinó que las Unidades de Enlace no significarían un costo en recursos materiales ni humanos para las dependencias y/o entidades, ya que se formarían con la estructura que hasta ese momento se tuviera, lo cual significó que no se buscaría contar con expertos en materia de transparencia, tema que abordaré seguramente en otra ocasión.

Ante los centenares de comentarios que recayeron a la instrucción de la Función Pública, ésta trató de ser más específica al tratar de definir a la "Información Socialmente Útil o Focalizada" con aquellos temas que cumplieran con los siguientes rubros:

1) Mejorar el acceso a trámites, bienes y/o servicios, con la mayor conveniencia y oportunidad, evitando posibles contratiempos para los usuarios.

2) Propiciar el conocimiento de la sociedad respecto a temas tales como: comunicaciones y transportes, salud, educación, empleo, seguridad, vivienda, desarrollo y seguridad social, turismo, medio ambiente y/o energía, con el fin de que el ciudadano pueda tomar decisiones informadas sobre asuntos y/o problemas públicos específicos y con ello, disminuir riesgos en su persona y familia.

3) Contener elementos clave para promover la competitividad económica e inversión, eliminando las asimetrías de información y,

4) Contribuir a eliminar la opacidad en el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos, así como a combatir la corrupción.

De igual forma, la secretaría detalló que esta información debiera estar en formatos o aplicaciones digitales que permitan al ciudadano acceder a la información de manera fácil y oportuna, como mapas, comparativos, tablas, etc., privilegiando el uso del lenguaje claro.

Incluso, y finalmente, destacó que debería de existir un apartado de datos abiertos en el que se pudiera publicar información en formato de bases abiertos sin dar mayores datos.

En ese sentido, y bajo todos esos detalles, se calificó a las entidades y dependencias del gobierno federal tras cumplir con estas actividades y como seguramente sospecharán, el resultado fue catastrófico.

Al no existir un parámetro lineal en las secretarías de Estado, fue complicado homologar las actividades que la sociedad pudiera catalogar como socialmente útiles y por ende se terminó ubicando en este apartado bases de datos que en nada propiciaban a los ciudadanos tener un mejor elemento no sólo de rendición de cuentas frente a sus gobernantes, también para mejorar su calidad de vida.

Me viene a la memoria una semana de la transparencia organizada por el IFAI hace un par de años, en dónde los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania se había ayudado de las tecnologías de la información (las llamadas TIC's) para promover la creación de aplicaciones en los smartphones que tuvieran información sobre los restaurantes sancionados por no cumplir con las normas mínimas de higiene o de protección civil, arrojando como resultado una calificación en estrellas que le permitiera al ciudadano decidir algo tan sencillo como dónde ir a comer.

Otro ejemplo, sobre las gasolineras, la aplicación podría ayudar al particular a llegar rápidamente a la concesionaria del bien nacional en dónde el precio por litro estuviese más barato y estuviera más cerca del lugar en dónde en ese momento se encontraba el ciudadano.

Haciendo un comparativo con el caso mexicano, sólo se habló del programa que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que los ciudadanos pueden consultar en el caso de que salgan de viaje por carretera. Dicho programa hace un recorrido virtual por carreteras federales y arroja un resultado en kilómetros recorridos que le permite al ciudadano saber cuánto va a gastarse en peajes y cuánto tiempo, aproximado, hará de recorrido. Sin embargo, este programa, ya no se encuentra disponible a través de la sección "Transparencia Focalizada" de la SCT dejando ese ejemplo exitoso, en el olvido.

¿Qué es la transparencia focalizada o qué debería entenderse por ésta?

La transparencia focalizada o transparencia pro-activa es una respuesta a la necesidad de obtener beneficios específicos de la transparencia, así como a la demanda de un mayor orden en la información que ofrece el gobierno. 

La transparencia focalizada requiere que el gobierno estandarice y publique información específica, que busque resolver un problema social concreto, y estimular los mecanismos del mercado para lograr un beneficio social específico.

¿Cómo la aplicamos a la casuística mexicana en la que no estamos acostumbrados a procesar la información?

Nos encontramos ante otro reto en materia de transparencia que, si dejáramos de creer que somos dueños de la información, pudiéramos fácilmente vencer.

El acceso a la información pública como derecho fundamental

En diversos espacios hemos escuchado que el acceso a la información es un derecho humano y/o fundamental de todas las personas, sin embargo, para algunas personas lo anterior no puede resultar claro, es decir,  por qué es considerado como tal.
Hace apenas una par de semanas, tuve una conversación sobre el tema con un compañero que comienza a involucrarse en la materia y me preguntaba la razón por la cual el acceso a la información se consideraba un derecho humano o un derecho fundamental. Por tal situación, en este espacio pretendo abordar el tema.

De acuerdo con Miguel Carbonell los derechos fundamentales, en términos generales, pueden ser considerados como tales en la medida en que constituyen instrumentos de protección de los intereses más importantes de las personas, puesto que preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de manera digna.1

 

Ahora bien, siguiendo a Luigi Ferrajoli los derechos fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadano o de personas con capacidad de obrar.  Entendiendo por derecho subjetivo, cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica, mientras que por status se entiende, la condición de un sujeto, prevista por una norma jurídica positiva, como presupuesto para su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas o autor de los actos que son ejercicios de estas.  De acuerdo con este jurista italiano, los derechos fundamentales tienen las características de universalidad, en cuanto están adscritos a todos los seres humanos, ciudadanos, o personas con capacidad de obrar. Indisponibilidad, activa ya que son derechos que no son disponibles para su titular y pasiva ya que no son disponibles o puestos a disposición de otros sujetos, incluidas las mayorías parlamentarias. Inalienabilidad ya que los derechos fundamentales están fuera del comercio, por lo que no son negociables.2

Por otra parte, Miguel Carbonell señala que, “todo derecho fundamental está recogido en una disposición de derecho fundamental”3 , es decir, el carácter de fundamental lo confiere el hecho de que se encuentre  establecido en leyes fundamentales, generalmente en la Constituciones o en Tratados Internacionales de derechos humanos.

 

En este orden de ideas, el derecho de acceso a la información constituye un derecho que tiene por objeto tutelar y proteger bienes básicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. De acuerdo con Miguel Carbonell, esta protección opera en dos direcciones, la primera relacionada con la posibilidad de darle contenido y calidad a otros derechos fundamentales, como son la libertad de expresión, de prensa y los derechos político-electorales del ciudadano y la segunda con el valor autónomo que tienen la información como bien jurídico. El autor identifica como parte del derecho a la información, el derecho a la verdad,  que como tal no es un derecho contemplando en los ordenamientos jurídicos, sin embargo es de suma importancia, para eliminar la cultura del engaño y el ocultamiento de información , el valor propio de la información, se identifica también con el derecho a acceder a datos personales o habeas data, que permite el derecho a acceder, rectificar, suprimir, actualizar o pedir la confidencialidad de cierta información, el valor autónomo de la información, se refiere a la “libertad de investigación” que sirve para el desarrollo de actividades académicas y periodísticas.4

 

Ahora bien, la importancia de que el del derecho de acceso a la información sea un derecho fundamental, es que contribuye en gran medida, como señala Ernesto Villanueva a:

 

1. Fomentar el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática de un Estado de derecho, porque todos saben de antemano cuáles son las reglas del juego, qué es lo que se encuentra prohibido o permitido (principio de certeza jurídica).
2. Ejercer un escrutinio activo de los gobernados, sobre las actividades de los servidores públicos y las empresas privadas que operan bajo concesión pública, es decir que cumplen funciones de Estado (nosotros agregaríamos a aquellas entidades que cumplen funciones cuasi-públicas o de interés público)
3. Promover que tanto los ciudadanos como las autoridades se encuentren en mejores condiciones para la toma de decisiones.
4. Reducir el rumor y a alentar las noticias confirmadas (veracidad de la información).
5. Un acceso equitativo con igualdad de oportunidades para participar en las más distintas actividades de la vida nacional.
6. Democratizar la administración pública que pasa de un organización jerárquica a una organización con dosis importantes de interactividad. 5

Además, podemos dimensionar al derecho a la información en una doble esfera, siguiendo las ideas de Víctor Abramovich y Christian Courtis:

 

1. Como un derecho individual, el acceso a la información pública puede ser considerado, como un derecho dirigido a maximizar el espacio de la autonomía personal de los individuos, posibilitando en gran medida el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pues estas al contar con derecho de acceso a la información pública estarán en la libertad de decidir el plan de vida que mejor se ajuste a su voluntad.
2. Como un derecho social o colectivo, el acceso a la información no sólo se considera un factor de autorrealización personal, sino como un instrumento o mecanismo de control frente a las autoridades y en su caso ante particulares, en este sentido, el derecho antes citado se funda en el principio de publicidad y transparencia de los actos del Estado. Este derecho se relaciona entonces con la noción participativa de la democracia y como fuente de legitimación del ejercicio del poder por parte de los representantes, basado siempre en la formación libre y plural de la opinión. 6

  

 

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1. CARBONELL, Miguel, Los derechos fundamentales en México, Porrúa, UNAM, CNDH, México, 2006, p. 5

2. FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil,  Trotta, Madrid, 1999, p.37

3. CARBONELL, Miguel, El acceso a la información como derecho fundamental,  en LÓPEZ AYLLÓN, Sergio (Coordinador), Democracia, Transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario, IFAI-UNAM, México, 2006, p.5
4. Ibídem, p.8
5. VILLANUEVA, Ernesto, Temas selectos de derecho a la información, Instituto de Investigaciones jurídicas, UNAM, México, 2004, p. 20. (Las cursivas son nuestras).
6. Cfr. ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, El acceso a la información como derecho, Anuario de Derecho a la Comunicación, núm. 1, Buenos Aires, 2000,  pp. 4-5

   

 



  

De cómo llegamos a tener "defensores de la audiencia".

Desde las década de los 70`s teníamos ya en la Constitución, una clara referencia a la protección que el Estado debe proveer para que los mexicanos podamos ejercer el derecho a la información, se decía en la parte final del primer párrafo “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Cualquier cosa que eso pudiera significar en el México de los años 70.

Sin duda, pese a quién a la pese, reconociendo distintos avances y también claros retrocesos, el libre ejercicio del derecho a la información es más común en nuestros días. La parte final de las administraciones priistas (del primer gran bloque de administraciones priistas, porque asumo vendrá un segundo bloque) propició un mejor desarrollo de la libre expresión en México, de un casi pleno ejercicio del derecho a la información. 

Fueron las circunstancias políticas en las administraciones panistas, esa sensación de incipiente democracia que a todos nos embargaba en el arranque de la primera década de este siglo, fueron tierra fértil para que, entre otras libertades, la libre expresión y el derecho a la información en muchas de sus facetas, evolucionaran a un mejor ritmo, con un mejor nivel. No se lo atribuyo a la voluntad política del partido político en turno, se la atribuya a la condiciones socio políticas en general, el partido político sólo lo permitió, o tal vez ni siquiera lo vio pasar. 

En ese momento histórico podemos identificar avances importantes al ejercicio del derecho a la información en México (y me atrevo a decir que desde México, en el mundo, porque nuestro País fue gran referencia, al menor en la normativo), la gran estrella de la época es y ha sido, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero en una segunda pista se estaban gestando cambios importantes también. 

Como ya se ha dicho mucho en este espacio, el derecho a la información abarca no sólo el acceso a la información pública, sino acciones relativas al ejercicio de libertades informativas, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, las cuales son concordantes, son transversales, son paralelas. En ese sentido, el cambiar el régimen político, al cambiar la percepción-relación con quienes ejercían el poder en las instancias de autoridad, se vieron claros y concisos avances en esa materia. 

Se hablaba más de los personajes de la política, se les cuestionaba más, se les criticaba más, llegando incluso a los excesos (como “especialista” en el tema sí estoy convencido que existen excesos en el ejercicio de la libre expresión, aunque parezca contra natura), había más espacios noticiosos y también vale la pena decir, que en algún momento fueron de mejor calidad, se formó una buena generación de comunicadores que ahora tenía más y mejores herramientas para conseguir esa información y llevarla a la ciudadanía interesada en conocerla. 

El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la información, porque esa información es el principal insumo con el que a las personas se les crea convicción, lo hace brindando el espacio idóneo para que los particulares generen, lleven, consigan, compartan, distribuyan y vendan información, asegurando el acceso a los medios de transmisión y también garantizado que ninguno de sus actores u operadores intervengan de manera negativa en esos procesos informativos (la no censura gubernamental). 

El Estado también, en ese afán de asegurar el derecho a la información, se allega de medios de comunicación para llevarle información a la ciudadanía, a lo largo de la historia ha tenido varios, pero para efectos de este breve análisis pondremos como ejemplo a los actuales; en la televisión abierta a: canal 11 y canal 22; en la radio al Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y Radio Educación, citamos en esta relación también a Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que según la Ley que le da origen, su objeto de creación es: coadyuvar al ejercicio del derecho a la información, a través de la prestación de servicios informativos en materia noticiosa.

Justo en el momento histórico al que nos referimos; arrancando los primeros años de este siglo, se revisaron estas, jóvenes aún, instituciones gubernamentales, por ejemplo, en el año 2006 se publicó la Ley que Crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, la cual contempla en su entramado normativo, la necesidad de contar con una figura novedosa, para ese entonces, para los mexicanos; con un defensor de la audiencia. 

De manera paralela, cada uno de los demás medios con los que cuenta el Estado hacía su propia reflexión, llegando a la misma conclusión, los medios de naturaleza pública, debían contar con una “consciencia” que garantizara que esos espacios no serían medios de gobierno al servicio de la administración en turno, sino verdaderos y auténticos medios del Estado mexicano, al servicio de la sociedad.  

De esta suerte, entre la década pasada y esta, hemos visto nacer a distintos defensores de la audiencia, en distintos medios públicos,  y también sorpresivamente (y ahora escasamente) a un primer defensor de la audiencia en un medio privado, el caso de Gerardo Albarrán en el Grupo MVS. 

A este momento de la historia, tenemos ya una visión más o menos clara de cómo es que existe y opera esta figura en nuestro País, le pido al lector me permita en una siguiente entrega explicar un poco sobre la historia de las audiencias y cómo han evolucionado y cómo se han ido haciendo de derechos y cómo la norma mexicana la ha reconocido, así como revisar el papel que los pocos defensores de la audiencia, en los distintos medios, han ejercido, así como hacer una ligera prospectiva sobre el tema a la luz de la reforma en telecomunicaciones y la próxima reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Muchas gracias por su lectura.

Breve reflexión sobre la necesaria rendición de cuentas frente a desastres naturales

Cuando la gente me pregunta ¿A qué me dedico? Suelo decir que mi vocación es servir a la Transparencia.

La mayoría de mis interlocutores me miran muy raro y por lo regular terminan por decirme que la transparencia en este país es nula y que de nada sirve dedicarse a tan ambiciosa meta. Incluso, algunos más descarados suelen decirme que mejor me dedique a otra cosa porque ese trabajo mío es puro gasto a capricho de los propios gobernantes pero que seguramente ni hago nada.

Entonces, hoy frente a tales argumentos, me detuve a pensar en las razones por las que todos los ciudadanos "de a pie" ya no creen en la transparencia, deben de ser muchas las razones por las que lo hacen y seguramente son de peso, pero eso no me ha impedido que los cuestionamientos sigan surgiendo sin que pueda tener alguna respuesta.

Y ahora que lo pienso, supongo que es porque siempre ven esa palabra en todos los discursos de los políticos y por ende, pierde credibilidad. No alcanzan a admirar los beneficios de la transparencia en su vida diaria. Incluso recuerdo que la Secretaría de la Función Pública haber realizado un esfuerzo descomunal para cambiar esa sensación de lejanía. Lo que bien llamaron: Transparencia Focalizada. Sin embargo ese intento quedó desvalido al no poder tener indicadores eficaces para que el proyecto tuviera una verdadera relevancia.

Sin embargo, la intención ahora, de esta columna, es un poco menos ambiciosa: Es demostrar la importancia de la transparencia en los eventos que el país está atravesando en estos momentos con el embate de las tormentas Ingrid y Manuel. 

Me explico.

Muchas personas han utilizado las redes sociales para alentar (o desanimar) a la donación de víveres, enseres domésticos y artículos de higiene personal para todos los damnificados de más de tres Estados de la República. Situación que se vuelve complicada al momento de reunir todo lo recaudado y llevar a cabo toda una estrategia para que esos paquetes o despensas sean entregados en manos de los que se quedaron sin nada. ¿Qué pasaría si los mexicanos confiáramos lo suficiente en nosotros mismos para sólo donar dinero? Sería más sencillo que la Cruz Roja analizara las verdaderas necesidades e incluso comparando precios, adquiriera los productos más baratos a precio de mayoreo y poder brindar más ayuda de forma aún más equitativa.

Si la Cruz Roja hiciera, justamente, un ejercicio verdadero de actuar con transparencia y rendir cuentas al exponer a los ciudadanos las cifras alcanzadas con la recolección y el desglose de los gastos, la gente confiaría más y las metas serían más amplias.

No paremos en ese ejercicio mental. El uso del Fondo Nacional de Desastres Naturales conocido como FONDEN ha sido muy criticado por sus manejos "en lo oscurito" por los Estados e incluso, por el Gobierno Federal.

Tenemos incluso el caso del ex gobernador de Tabasco, en el cual, el coordinador general de Protección Civil de la SEGOB ordenó una revisión a los recursos destinados a dicho estado, derivado del mal manejo del Fondo, mismo que, presumiblemente, fue desviado.

Sin embargo los ejemplos no paran ahí, ya que la Auditoría Superior de la Federación ha comunicado la falta de comprobación en varios miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a diversos estados a cuenta de este fondo para la rehabilitación de infraestructura dañada por huracanes que atacaron la República Mexicana entre los años 2009 y 2010.[1]

¿Cómo podemos confiar sin transparencia?

Vale la pena, entonces la reflexión. Bienvenidos sus comentarios al respecto.

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[1] Más información al respecto en: http://rendiciondecuentas.org.mx/gasto-del-fonden-en-estados-opaco/