El fenómeno de la corrupción es un problema que afecta a numerosos
países y por supuesto, el nuestro no es la excepción, por esta razón creo que
es importante abordar el tema y estudiarlo desde distintos enfoques. El
propósito de las siguientes líneas es exponer, de manera muy limitada, cómo es
que la transparencia y el acceso a la información pueden ser herramientas muy
útiles para atacar ese mal que carcome nuestra sociedad y nuestras
instituciones públicas.
Antes de continuar, de manera muy general, expondremos algunos elementos
del fenómeno de la corrupción, que en sí es un tema muy complejo y extenso que
necesitaría una reflexión más amplia y este no es el lugar para hacerlo,
también debemos tener presente que, el fenómeno de la corrupción, no se presenta
exclusivamente en determinados sectores o clases sociales, al contrario, puede
presentarse en cualquier ámbito de la vida social: político, religioso,
jurídico, universitario, deportivo, laboral, etc, por tal razón es preciso
apuntar que aquí nos centraremos en el ámbito que compete al poder público.
De acuerdo con Jaime Cárdenas y María de la Luz Mijangos la corrupción se define como: “La violación a un deber posicional, contenido en el
sistema normativo, para la obtención de un beneficio extra-posicional, no
inherente al cargo o función(…) el beneficio obtenido puede ser de diversa
naturaleza, personal o indirecto, económico, profesional, político, sexual,
etc.”[1]
De lo apuntado en esta definición, podemos entender que la corrupción es
la violación a un deber contenido en un sistema normativo, de manera que se
pueden violar tanto reglas como principios, estos últimos enuncian un valor
moral. Al respecto Rodolfo Vázquez, menciona que: “es de suma importancia para
entender el fenómeno de la corrupción que se vea la diferencia entre violación
de un sistema de reglas vigentes y la violación de un sistema de reglas morales
con pretensiones universales. Este último funcionaría como un sistema normativo
crítico y justificante del sistema de reglas vigentes.”[2]
Por su parte Jorge Malem Seña, al mencionar algunas de las
características de la corrupción, señala que: “los actos de corrupción tienden
a realizarse en secreto o al menos en un marco de discreción.”[3]
Resulta natural que los actos de corrupción se lleven a cabo en un marco de
secreto o discreción, ya que de otra manera, serían más difícil de
realizarse, es por esta situación que, los corruptos desean mantener sus
actividades en la clandestinidad y opacidad con la finalidad de no ser
descubiertos, como dice Francisco Laporta: “la oscuridad no solo genera
corrupción, sino que alimenta la posibilidad de manipular, corruptamente, o de
inventar, mentirosamente, la corrupción misma”.[4]
En México, la corrupción es un tema de todos los días, por años ha
socavado y corroído la credibilidad de los gobiernos y sus servidores públicos,
ha permeado en la sociedad y su orden moral. No ha sido hasta el comienzo de la
transición democrática que con mayor facilidad nos hemos enterado de
muchísimos casos de corrupción que otros tiempos no es que no existieran,
sino que se quedaban en la oscuridad y el secreto. La opacidad era la regla, la
práctica común del partido hegemónico y de su clase política que
detentaba el monopolio de las decisiones públicas, en este tipo de contexto es
que ha florecido y se ha afianzado la corrupción en nuestro país. Al respecto
Robert Klitgaard, lo ha expuesto de manera clara, con su conocida
ecuación básica de la corrupción:
Corrupción = monopolio
de la decisión pública+ (más) discrecionalidad de la decisión – (menos) rendición de cuentas[5]
La opacidad y el control de la toma de decisiones, han permitido el
establecimiento y desarrollo de la corrupción en todo el Estado, por tal razón,
es necesario que la transparencia y el acceso a la información sean tomados en
serio y no sean sólo una parte del discurso político.
Un reto para la clase política de nuestro país es que la próxima ley de
acceso a la información, amplíe el derecho fundamental de acceder a la
información pública, que maximice el principio de máxima publicidad contenido
en la Constitución, que otorgue las facultades del órgano garante para
sancionar el ocultamiento y destrucción de información, así como el
incumplimiento de sus resoluciones, que asegure la publicidad, no sólo de las
decisiones, sino del procedimiento por el que se llega a ellas.
En este sentido, la transparencia y el derecho acceso a la información,
pueden ser vistas, no sólo como dos herramientas que publicitan la
gestión de los entes que reciben recursos públicos, sino también como un
poderoso antídoto contra la corrupción.
[1] CÁRDENAS,
Jaime y MIJANGOS, María, Estado de derecho y corrupción, Porrúa-UNAM, México,
2005, pág. 63
[2] VÁZQUEZ,
Rodolfo, Corrupción y Estado Democrático de Derecho, en
revista Nexos, núm. 323, México, noviembre de 2004
[3] MALEM
SEÑA, Jorge, Globalización, comercio internacional y corrupción, Gedisa,
Barcelona, 2000, pág. 28
[4]
LAPORTA, Francisco, La corrupción política: introducción general, en
LAPORTA, Francisco y ÁLVARES, Silvina (Coordinadores), La
corrupción política, Alianza editorial, Madrid, 1997, pág. 32
[5]
KLITGAARD, Robert, Controlando la corrupción, citado por
CÁRDENAS, Jaime y MIJANGOS, María, Estado de derecho y corrupción, Óp.
Cit., pág. 58
Osvaldo Suárez.
Especialista en Derecho de la Información por la
Universidad Nacional Autónoma de México.
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