En
el mes pasado, a Junta de Coordinación Política del Senado de la República, es
decir, aquella reunión de los grupos parlamentarios, representado en un senador
que varía de bancada, dependiendo de quién se quede con la mesa directiva;
acordó emitir una convocatoria con el objetivo de buscar candidatos para ser
titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con
hechos de corrupción[1].
Ello
cobra sentido en virtud de que el artículo 102 de la Constitución señala que la
Fiscalía General de la República contará con una Fiscalía especializada en
materia de este tipo de delitos: Aquellos relacionados con hechos de
corrupción. Lo anterior en virtud de la pasada reforma del mes de febrero del año
2014, en dónde se contempló que el titular será nombrado y removido por el
Fiscal, el cual podría ser objetado por el Senado de la República por el voto
de dos terceras partes de los miembros presentes.
Este
cargo es uno de los más importantes en la Reforma anticorrupción, la cual creó
todo un Sistema Nacional, a la cual los medios le dieron el mismo peso que al
Sistema Nacional de Transparencia: Un conjunto de elementos normativos que
incidirían directamente con el tema a efecto de regularlo y fortalecerlo: Que
el gobierno tenga elementos —garras— suficientes como para combatir aquellos
hechos que pudieran constituir un delito.
Todo
comenzó en el año 2012 cuando se hablaba de la creación de la Comisión Nacional
Anticorrupción que supliría a la Secretaría de la Función Pública, sin embargo
aunque había voluntad política no fue sino hasta que el Partido Acción Nacional
presentó su propuesta de creación de todo un sistema que permitiría tener
varios elementos de control de la propia comisión, un Comité Ciudadano para la
ética pública asó como un Consejo Nacional.
En
este punto, fueron sumadas las organizaciones de la sociedad civil quienes como
resultado lanzan la campaña “3de3” que pretendía sentar las bases para que
cualquier aspirante a un cargo de elección popular pudiera comenzar su campaña
utilizando esta política para declarar de manera voluntaria su patrimonio, sus
vínculos de interés y su declaración fiscal.
Sin
embargo en el mes de febrero del 2015 resurgió la Secretaría de la Función
Pública dentro de las cenizas en dónde se encontraba, Virgilio Andrade la
encabezaría y con ello se creó la Unidad Especializada de Ética y Prevención de
Conflictos de Intereses.
Fue
entonces cuando el esquema político se vio en la necesidad de trabajar en la
conformación de todo un sistema que abarcara siete leyes que permitieran
concatenar los instrumentos normativos hacia un mismo fin: combatir la
corrupción.
Así
el 27 de mayo del 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el sistema
como una instancia de coordinación entrega los órdenes de gobierno, el cual
estuvo integrado por siete paquetes de legislación; a saber:
·
Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción: La cual sienta las bases de
actuación para el orden local y federal así como la creación de la Plataforma
Digital Nacional, la cual deberá contener un sistema de evolución patrimonial,
de declaración de intereses y de las declaraciones fiscales. Lo cual, en
teoría, pondría en marcha el análisis que realice esta Fiscalía de nueva
creación para equiparar hechos como constitutivos de un delito y aportar así
las pruebas que hagan falta.
·
Ley
General de responsabilidades administrativas: Que tiene como objetivo
establecer las obligaciones de los servidores públicos para contar con las sanciones
correspondientes, ya sean de orden administrativo o penal.
·
Ley
de Fiscalización y rendición de cuentas: Cuyo especial interés es el de Auditoría
Superior de la Federación en el combate a la corrupción.
·
Reformas
a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República: Por la cual se
crea la Fiscalía Especializada de combate a la corrupción como un órgano
autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción.
·
Reformas
al Código Penal Federal: Las cuales establecen las penas punitivas para
aquellos que cometan actos de corrupción, tanto a particulares como a
servidores públicos de cualquier orden de gobierno.
·
Reformas
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: La cual fortalece a la
Secretaría de la Función Pública —reviviendo sus facultades en materia
administrativa y de prevención— a efecto de combatir la corrupción y establecer
políticas públicas para hacerlo.
Pese
a toda la estructura que fue diseñada, al parecer, creyendo que la corrupción
puede ser visualizada en un papel, la persecución de los actos pareciera estar
pendiente de que los funcionarios públicos realicen a conciencia esa famosa
3de3 y en creer que lo que se reporta es verdad. Lo cierto es que es fácil
sostener la mentira de enriquecimiento ilícito y más aún concatenar los actos
presumibles que pudieran demostrar que un servidor público fue corrompido para
realizar un hecho de corrupción parece más un sueño ideal que podría quedarse
pasmado en la letra de todo ese cúmulo de legislaciones que, sin poder
comprobar el ministerio público federal que, por ejemplo hubo “dolo o mala fe”
o “a sabiendas” parece más bien irrisorio.
El
detalle sería concentrar los esfuerzos de la publicidad de la información que
realizan los sujetos obligados para encontrar en los resquicios de los
anaqueles que resguardan la información de la dependencia, alguna licitación en
la que fuese demostrable que había otra mejor empresa que ofrecía, incluso
mayores resultados a la instancia gubernamental que lo rechazó por otra.
Es
decir, el poner a la luz una alfombra que no se ha lavado en años, ayuda a
detectar las manchas que son imposibles de quitar si no se ha llamado al tapicero.
A
la luz de la creación de todo un sistema, no podemos creer que la adecuación de
un cúmulo de legislación en diferentes ámbitos pueda ayudar a fomentar un
espacio propicio para poder tener certeza de que quienes sean corruptos, puedan
ser castigados; empero sí podemos seguir ejerciendo el derecho de conocer por
qué se realiza o se toma cada cual decisión política, y no otra por ejemplo,
haciendo que el mecanismo de acceso a la información permita divisar las
omisiones o las erratas en la toma de decisiones.
Sin
embargo, con este planeamiento es de llamar la atención de que en la convocatoria,
después de realizar un análisis del perfil que debiera tener el Fiscal, se determinó la necesidad de satisfacer
los siguientes requisitos:
1.
Ser
ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.
2.
Tener
30 años cumplidos el día de la designación.
3.
Tener
antigüedad mínima de cinco años de ejercer como licenciado en derecho.
4.
Gozar
de bueno reputación y no haber sido condenado por delito doloso.
5.
Acreditar conocimientos y/o
experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la
corrupción.
6.
No
desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital
o municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a
la designación.
La
pregunta es, ¿por qué tuvieron que establecerse esos requisitos por la Junta de
Coordinación Política del Senado?, independientemente de que la propia
Constitución señala los requisitos pertinentes.
La
respuesta puede estar inmersa en la naturaleza jurídica de la JUCOPO[2],
la cual se encuentra establecida en el artículo 82 de la Ley Orgánica del
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y halla entre sus atribuciones la de:
impulsar la conformación de acuerdos
relacionados con el contenido de propuestas, iniciativas o minutas que
requieran de la votación por el pleno, con la finalidad de agilizar el trabajo legislativo, presentar al pleno por conducto de
la Mesa Directiva las propuestas que se hayan firmado.
¿Será
acaso por eso que antes de que cerrara la convocatoria hubo un registro
inesperado? La Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos (INAI) se registró como aspirante[3].
Pero
ello no significa, diametralmente que pasará la guía del INAI a la guía del SNA
(Sistema Nacional Anticorrupción) porque quizá la experiencia en materia de
transparencia la tenga la Dra. Puente, lo que no podrá comprobar entonces, a
razón de la propia convocatoria, es el conocimiento en el combate a la
corrupción, ya que su puesto anterior a ser la Presidenta del Órgano Garante en
materia de transparencia fue el de ser Presidenta del Homólogo local en el
estado de Colima. El que tenga cierto nivel de experiencia en el procedimiento
de acceso a la información no garantiza que en el ámbito penal se desarrolle
con prudencia, no es cosa menor pasar del ámbito administrativo a uno penal, y
ese punto es más que indispensable para fungir como cabeza del SNA, cambiando
de cachucha del SNT (Sistema Nacional de Transparencia).
No
podemos permitir que ante la falta del registro de aspirantes, saquemos una
carta que podría estar bien vista por la sociedad civil, la designación fácil,
la esperada. Cuando lo que se necesita son perfiles probos y capaces.
Sin
embargo, pese a esta especulación, lo cierto es que habrá que mantener muy
vigilado el nombramiento del nuevo (o la nueva) Fiscal Anticorrupción y para
ello habrá que echar mano de la transparencia; así como de la elección de quien
debiera vigilar el actuar del SNA, es decir, de la Comisión de Selección que ya
ha lanzado la convocatoria para integrar al Primer Comité de Participación
ciudadana, a través de México Evalúa y otras organizaciones de la sociedad
civil[4],
la cual pueden consultar aquí.
No
cabe duda de que la transparencia deberá seguir siendo la política que de
manera transversal atraviese todos los campos y todos los niveles de gobierno.
Habrá que estar alertas para determinar si ello también puede utilizarse,
primero en la creación de la estructura del SNA o no.
Mi
vaticinio es que sí, pero no pasando la estafeta, sino como un medio nunca como
una “salida rápida”.
[1]
Convocatoria disponible en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-10-26-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Convocatoria_Fiscalia_Especializada.pdf Página consultada el 14 de noviembre de 2016.
[2]
Consultado en: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=2&sm=3 Página
consultada el 13 de noviembre del 2016.
[3]
Becerril, Andrea y Ballinas, Víctor. “Presidenta del INAI, aspirante a la
Fiscalía Anticorrupción” La Jornada. Noviembre 9, 2016. Nota disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/09/presidenta-del-inai-aspirante-a-la-fiscalia-anticorrupcion
Consultado el 14 de noviembre de 2016.
[4]
Disponible en: http://mexicoevalua.org/2016/11/07/la-comision-de-seleccion-del-sistema-nacional-anticorrupcion-convoca-a-toda-la-sociedad-mexicana-para-integrar-el-primer-comite-de-participacion-ciudadana-de-la-historia-del-pais/
Consultado el 14 de noviembre de 2016.
