Configurando un nuevo IFAI

El 22 de agosto pasado, se aprobó en la Cámara de Diputados la minuta en materia de transparencia que había sido remitida por el Senado en Diciembre del año anterior. El documento original sufrió modificaciones sustantivas, de las cuales no me ocuparé en su totalidad, sino sólo me limitare a enunciar las que creo son más relevantes.

En el supuesto de que los cambios hechos por la Cámara de Diputados, para darle autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, sean aprobados por el Senado, el Instituto tendría un nuevo diseño institucional y contaría con mayores facultades de las que ahora goza.

Respecto a la conformación del nuevo órgano colegiado, éste se conformaría por siete comisionados, actualmente se integra por cinco. Para ocupar el cargo, los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V, y VI del artículo 95 de la Constitución. Son los mismos requisitos que se necesitan para ser ministro de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, con excepción de contar con título profesional de licenciado en derecho.

Los nuevos comisionados serían nombrados por el Senado, sin embargo, el titular del poder ejecutivo podría objetar su nombramiento. Los actuales comisionados podrían realizar una petición al Senado para formar parte del nuevo órgano garante, dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del decreto de reforma.

Por lo que hace a su esfera de competencia, el catálogo de sujetos obligados incrementaría, además de conocer de los asuntos relacionados con la información en posesión del poder ejecutivo, conocería de aquella en posesión del poder legislativo, el judicial, los demás órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, sindicatos que reciban recursos públicos, fideicomisos y fondos públicos y personas físicas y morales que reciban recursos públicos.

Aunado a lo anterior, tendría competencia para conocer y revisar las resoluciones que emitan los órganos garantes de las entidades federativas  y el Distrito Federal.

Respecto a las resoluciones que emita el nuevo IFAI, se plantea que sólo la Consejería Jurídica de la Presidencia pueda impugnar las resoluciones del instituto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trate de temas de seguridad nacional.

Ahora bien, en caso de que la reforma sea aprobada en todos sus términos, dejará un mal sabor de boca para muchos especialistas y gente interesada en el tema, sobre todo por la facultad que se otorga a la Consejería Jurídica de la Presidencia de impugnar las resoluciones y de abrir una vía litigiosa ante la SCJN. Desde mi punto de vista la preocupación es totalmente válida, ya que se debería tomar en serio el principio de máxima publicidad, consagrado en la Constitución, además implicaría hacer más retardado el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la información debe ser oportuna y estar disponible a los solicitantes en el menor tiempo posible, de lo contrario más que garantizar un derecho se le estarían poniendo trabas y al final del día la información perdería la utilidad que debe caracterizarla.

Aunque diversas voces han expresado su malestar otros actores se han pronunciado sobre la reforma haciendo un balance positivo en comparación a los cambios que se proponían, incluso hay quien afirma que es mejor algo, que nada. Tomando en consideración ambas posturas, podríamos concluir que la reforma en materia de transparecia significa dar un paso más, no tan largo como quisiéramos, en la búsqueda de darle calidad a nuestra democracia, un paso más que debe ir acompañado de muchas otras acciones y compromisos, por políticas públicas que busquen consolidar en la sociedad y sobretodo en la burocracia, una cultura de transparencia. Quizá los mayores retos que le aguardan a la transparencia no se encuentren en el Congreso de la Unión, sino en los funcionarios que la ven como una molestia, en la carga extra de trabajo y disgusto que tendrán los miembros, afiliados, trabajadores y servidores públicos de los nuevos sujetos obligados, en la opacidad en la que están acostumbrados a conducirse los partidos políticos y sindicatos.

Ahora sólo queda esperar que la aprobación de la reforma sea producto de un proceso deliberativo y argumentativo de calidad, diferente al que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, donde la falta de publicidad y el sigilo  llevaron la batuta. 

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